Los ‘derechos históricos’ son un concepto aludido en la Constitución. No se sabe bien cuáles sean ni si empiezan en Jaun Zuria, Wifredo el Peludo, Tulga, Mauregato o Cánovas, pero los victimismos soberanistas, incluido el aragonés, tan residual, los aducen para mermar la soberanía nacional, abonados siempre al ‘derecho a decidir’.

Juan Antonio García Toledo les dedica un esmerado estudio. Admite que el concepto, aun vagamente definido como está, puede tener algún desarrollo. Eso incluye los eventuales derechos históricos de Aragón que menciona el Estatuto autonómico. Y añade algo que es obvio (salvo para algunos políticos de hoy): si se actualizan esos derechos, ello debe hacerse según la Disposición Adicional Primera de la Constitución, a la que el propio Estatuto remite en ese punto. Ningún ‘derecho histórico’ puede ser tan elástico y arbitrario que desborde el marco constitucional.

"La pretendida actualización llevada a cabo a través de la ley 8/2018 de las Cortes de Aragón no cumple con los parámetros mínimos exigibles", dice. "Ya advirtió el Tribunal Constitucional en 1988 que el Estatuto, y no una ley como esta, era ‘el elemento más decisivo de actualización de los regímenes forales’". Pero las Cortes de Aragón han aprobado "un atajo, lo que por sí solo permite cuestionar su constitucionalidad". Nada menos.

La ley, por otro lado, enmienda la plana a normas de rango superior: "En su articulado florecen preceptos que mediatizan mandatos de la propia Constitución y que introducen alteraciones en normas del Estatuto de Autonomía, en perjuicio de su validez jurídica". Por si fuera poco, es chapucera: "En su conglomerado pretendidamente regulador de aspectos muy diversos y variados, presenta (...) una factura técnica defectuosa, olvidando que una norma jurídica, y más si se trata de una norma trascendental (...), debe tener un nivel de precisión y perfección, no solo lógica, sino también lingüísticamente, en su formulación como norma aislada y en su función como pieza del conjunto normativo". Además de fea, no encaja en el sistema. La voz del nuevo miembro de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación es demoledora. La ley no servirá bien a Aragón por incompetencia manifiesta.

A propósito de los nebulosos ‘derechos históricos’, fuerza es mencionar a su adalid Herrero y Rodríguez de Miñón, lo que García Toledo hace, si bien lo que sigue es de mi sola cosecha. El famoso letrado ha dicho mucho sobre el tema. Su idea es tan inconfundiblemente alambicada que le valió de Arzalluz y cofrades el premio de la Fundación Sabino Arana como "amigo de los vascos" en 1998, título que discierne el absorbente PNV (solo él decide quién es amigo de los vascos). Así pagó su "firme defensa de la vigencia y posibilidades políticas de los derechos históricos vascos". (Ya se sabe qué entienden en el PNV por "posibilidades políticas de los derechos históricos vascos"). Herrero merecía, sin duda, la recompensa. Con él, los sabinianos cobraban una pieza mayor, pues fue uno de los siete ponentes de la Constitución (por cuenta de UCD; luego militó en AP y PP y ahora va por libre).

La fama del jurista Miñón no es injustificada, pero no debe desligarse de su actitud sobre el nacionalismo, porque es ante todo un personaje político. Toda doctrina jurídica parte de premisas ajenas al derecho y la actitud política de Miñón es paladina: quienes afirman que inflar al máximo los ‘derechos históricos’ desborda la Constitución, son funcionalmente equiparables a los "radicales de HB". Es decir, que mete en el mismo saco a los defensores del ‘statu quo’ constitucional y a los filoetarras: "¿Participan, acaso, ambos de la estrategia, creo que leninista, de cuanto peor, mejor?" (Deia, febrero, 2013).

‘Pa qué tanto’

En la lección impartida el día 25 en el Paraninfo, en honor de san Braulio, Francisco Marco recordaba la negativa de los sacerdotes egipcios a la presencia de extraños en sus rituales secretos. "Que no se acerque ningún fenicio, ni entre ningún griego, ni lo pise un beduino: nadie debe ver la magia en su interior". La fuerza de las magias -asumiendo que todas son falsas- radica en el ‘misterio’, más solemne que la mera incógnita. Cuando se desvela, se cae el teatrillo y la ‘verdad’ mistérica queda en nada.

La ley sobre los derechos históricos de Aragón, un adefesio impropio de nuestra buena tradición jurídica -y del que el Justicia no quiere saber nada-, ha tenido una virtud: desvelar el misterio escondido de la ‘verdad nacional’ aragonesa. ¿Eso era? Como dice el sesudo Supermaño: "¿Pa qué tanto?".

Hay quien la votó sin fe; o por erosionar el sistema; o para no quedarse atrás; y el grupo impulsor, partidario de la autodeterminación, logró su fin, aupado en la coyuntura. Se dio el gusto de postergar la bandera española y no añadió sustancia ninguna a lo que Aragón ya tenía regulado.

Pero su debilidad real es tanta que, incapaz de coalición y escaso de votantes, no osa concurrir a las elecciones generales y viste este forzado gesto de abandono con las ropas de la virtud. Se ha esbafado.