Denuncian que la DGA discrimina a las entidades mercantiles en el concierto de plazas para mayores

La Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), que engloba a 77 entidades privadas con y sin ánimo de lucro de servicios de atención a las personas mayores, está dispuesta a llevar a los tribunales el Acuerdo de Acción Concertada del Gobierno aragonés. La razón es que esta iniciativa, según este colectivo, excluye a las empresas privadas de la posibilidad de optar a un acuerdo para la prestación de plazas de atención a usuarios con discapacidad, a mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y a personas en riesgo de exclusión social.

La gerente de Arade, Paquita Morata, explicó que esta medida supone una «grave discriminación» a las entidades mercantiles basada en su «forma jurídica» y sin entrar a valorar «la calidad del servicio que dispensan a los usuarios a la hora de la verdad durante las 24 horas del día».

Asimismo, apuntó que la Ley de Concierto Social la entienden como una «nueva vía de carácter excepcional» para hacer frente a «situaciones de urgencia y concretas» que no pueden esperar una solución que se prolongue en el tiempo por motivos burocráticos. Añadió que esta no puede ir en perjuicio, como es el caso, de pequeñas y medianas empresas que trabajan en este sector.

Arade, que este viernes celebró su asamblea anual en Zaragoza, interpuso un recurso de reposición ante la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales el 8 de febrero. La DGA tiene un plazo de tres meses para contestarles.

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La DGA estudia el tema

Por su parte, fuentes de la Consejería de Ciudadanía aseguraron que el tema «se está abordando». Señalaron que Arade no ofreció plazas de este tipo para el acuerdo marco, el cual recoge los ofrecimientos de las empresas y se van conveniando. Estas mismas fuentes aclararon que apenas se conciertas plazas de características tan específicas como las de mayores dependientes con alteraciones graves de conducta o personas en riesgo de exclusión social.

Durante la asamblea anual de Arade de este viernes, Morata quiso poner en valor la importancia de los 77 socios de las tres provincia que la integran «como vertebradores y generadores de riqueza que se queda en Aragón». Suponen cerca de 2.000 puestos de trabajo directos y unos 4.000 indirectos, el 95% de ellos ocupados por mujeres. En la actualidad, todos sus asociados suman 5.263 plazas, 1.200 de estancia diurna y 4.063 residenciales, además de la labor de las empresas de ayuda a domicilio.

El encuentro estuvo presidido por la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, y el presidente de Arade, Santiago Cosculluela.

Broto y la gerente de Arade coincidieron a la hora de reivindicar del Gobierno central una mayor financiación de la ley de dependencia, ya que su aportación en 2018 fue apenas de un 21% y el copago al 50% sigue siendo una asignatura pendiente.