Hasta 700 municipios aragoneses en los que viven menos de 5.000 personas se beneficiarían directamente de la rebaja fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que plantea Ciudadanos para luchar contra la despoblación. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha planteado este domingo en Zaragoza una bonificación fiscal del 60% en el IRPF para los que resisten en el medio rural, lo que repercutiría directamente sobre el bolsillo de 313.807 aragoneses.

Rivera estima que el impacto de su propuesta sobre las arcas estatales rondaría los 2.500 millones de euros en toda España, aunque no lo ha desgranado por territorios. “PP y PSOE han metido 5.000 millones en enchufes y contratos opacos de las diputaciones. Nosotros con la mitad podemos rebajar el IRPF a todas esas personas”, ha dicho.

Si se aplicara la rebaja fiscal en caso de que Ciudadanos llegara a gobernar tras las elecciones del 28 de abril, el 24% de los habitantes de Aragón pagarían menos al fisco. De hecho, sería una de las autonomías más beneficiadas, dado que solo 31 de sus localidades superaban ese nivel de población, según el padrón a fecha 1 de enero de 2018.

La medida, a juicio de Ciudadanos, debería englobarse dentro de la puesta en marcha de un plan nacional contra la despoblación. Así, defiende la implicación del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios, partiendo del liderazgo que debe mantener el Gobierno central, al tratarse de un asunto que afecta al conjunto nacional.

Una parte del coste para las arcas estatales se recuperaría vía impuestos al aumentar la capacidad adquisitiva de los contribuyentes y con ello su nivel de gasto. Otra cosa muy distinta es que contribuyera a atraer población, tal y como reveló un estudio publicado el año pasado por el Grupo de Investigación de Economía Pública (GEIP) de la Universidad de Zaragoza. Su conclusión no fue concluyente sobre el impacto de los incentivos fiscales.

En todo caso, la propuesta de Ciudadanos no se podría aplicar directamente en caso de llegar a La Moncloa, ya que requeriría de un cambio legislativo de calado. De hecho, solo tres autonomías, Navarra, País Vasco y Canarias, cuentan con una fiscalidad diferenciada reconocida por la Constitución.

Este trato diferenciado para municipios poco poblados necesitaría, además, la autorización expresa de la Unión Europea. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe expresamente un trato diferenciado, tanto desde el punto de vista fiscal como de subvenciones, al entender que son ayudas de Estado que contravienen la competencia. Por ello, el Gobierno de España debería solicitar la exención a la Comisión, acogiéndose a que hay antecedentes en otros países, como es el caso de Noruega.

Distintos expertos fiscales, como los que acaban de publicar un estudio sobre fiscalidad diferenciada en territorios despoblados de España, estiman que cabría hacer una excepción al considerarse como una ayuda que trata de facilitar el desarrollo de determinadas regiones económicas.

Esta cuestión fue precisamente esgrimida por el Gobierno aragonés para solicitar la semana pasada el mismo trato fiscal para las empresas de Teruel del que disfrutan las zonas despobladas de los países nórdicos. Con este fin, ha requerido al Ministerio de Asuntos Exteriores que la provincia pueda bonificar a las compañías hasta el 20% de sus costes laborales.