La pretensión del Gobierno de Aragón de que la provincia de Teruel sea considerada por la Unión Europea como una ‘zona muy poco poblada’, con el ánimo de beneficiarse de un modelo de subvenciones que garantice la instalación de nuevas empresas, merece ser impulsada con la ayuda del Ejecutivo nacional. La grave situación por la que atraviesa Teruel, al igual que la vecina Soria, demanda un redoblado esfuerzo compartido por todas las administraciones. La obtención de esta declaración, ya existente en otros lugares de Europa, permitiría bonificar a las empresas con una significativa reducción de sus costes laborales

No caben demasiadas dudas respecto a las urgencias y las muchas dificultades que genera la despoblación. Sin vida en los municipios, sin alternativas profesionales, resulta imposible anclar a los habitantes que, bajo un criterio de simple supervivencia, se ven obligados a abandonar sus pueblos. Por todo ello, la posibilidad de que la provincia de Teruel se beneficie de las mismas ayudas a la despoblación que ya se conceden por parte de la Unión Europea en ciertas zonas de los países nórdicos resulta más que acertada. La medida, que pretende la llegada de nuevas inversiones empresariales con importantes bonificaciones en sus costes laborales (cotizaciones a la Seguridad Social), contribuiría a revertir una situación que en estos momentos se muestra tan imparable como injusta para el territorio. En ausencia de este tipo de ayudas, tal y como puede comprobarse, la despoblación se acrecienta, permitiendo una desertización que, a tenor de las experiencias registradas en países como Noruega, Suecia y Finlandia, puede corregirse al menos parcialmente. Lejos de pretender incurrir en modelos subsidiados, no se puede ignorar que la situación que vive la provincia de Teruel requiere de originales y urgentes medidas de carácter excepcional.