Una situación contradictoria

La sentencia que confirma la sanción de la CHE al Ayuntamiento de Sallent por verter a los ríos aguas residuales sin depurar pone de manifiesto, de nuevo, que algunos municipios están atrapados en una situación kafkiana. Una trampa injusta que deriva de la mala gestión que del Plan de Depuración del Pirineo se hizo en anteriores legislaturas, pero que en la que ahora termina tampoco se ha sabido encauzar. Asignatura pendiente para el próximo gobierno autonómico.

Seguramente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tendrá, jurídicamente, razón al rechazar el recurso del Ayuntamiento sallentino contra la sanción que le impuso la Confederación Hidrográfica del Ebro: la multa se ajusta a lo estipulado en la ley. Pero ello no impide que sea injusta, e incluso absurda, porque la regulación vigente se ha convertido en una trampa para los municipios pirenaicos que, como el de Sallent de Gállego, firmaron en su día convenios con el Instituto Aragonés del Agua -organismo de nivel autonómico- para cederle sus competencias en materia de depuración de las aguas. El plan para construir las depuradoras, sobredimensionado, no se llevó finalmente a efecto, por lo que las aguas no se limpian. Pero se da la paradoja de que los sallentinos tienen ahora que pagar, por un lado, el ICA, impuesto que les cobra la DGA y que en teoría paga los costes de la depuración; y, por otro, la multa que les impone la CHE. Al margen de las responsabilidades concretas que hayan producido este embrollo, lo cierto es que esta situación debe corregirse cuanto antes, construyendo las depuradoras necesarias, para evitar contaminar los ríos, que es lo esencial; y librando a los pueblos del Pirineo de la contradicción en la que se encuentran. El próximo gobierno autonómico tiene aquí una tarea que debería acometer con rapidez y que no puede ser tan difícil de llevar a cabo. Debiera bastar con respetar los convenios e introducir racionalidad y celeridad en los proyectos.