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POLÍTICA

La Comarca Central tendrá más controles para vigilar las cuentas, los gastos, los cargos y el empleo

La futura norma, que irá a pleno el día 29 marzo, incluye una comisión económica especial y garantías en la contratación

Pleno en las Cortes de Aragón
Guillermo Mestre

Los partidos políticos han decidido reforzar el control de las cuentas, de los gastos, de los cargos y de las ofertas de empleo en la futura ley que regulará la constitución de la Comarca Central. Durante la tramitación de la norma, que se votará en el pleno del 29 de marzo que cerrará la legislatura, se ha incluido la creación de una comisión especial de cuentas y la exigencia de que el Consejo Comarcal avale las bases de las pruebas para la selección de personal y los concursos de provisión de puestos de trabajo. También se respeta el techo que fijó el proyecto de ley a los sueldos y dietas del presidente y los consejeros, con una partida global que no podrá superar el 6% del presupuesto de gastos de personal.

La constitución de la comarca 33, que prestará servicios a unos 80.000 aragoneses y sustituirá a la mancomunidad central, supondrá el fin de un complejo proceso que se ha tardado varios años en completar. Tantos, que varios parlamentarios han planteado durante su tramitación que algunas de las mejoras que incorpora se extrapolen a las comarcas que llevan tiempo en funcionamiento. Para el socialista Darío Villagrasa, coordinador de la ponencia, la futura norma "nace más desarrollada desde un punto de vista técnico, e incluye la legislación básica del Estado".

La próxima semana, en el pleno ‘escoba’, todos los grupos parlamentarios podrán expresar su posicionamiento al respecto, aunque el más crítico con la norma, Cs, advierte ya de que las mejoras se han quedado cortas. "Se dan algunos pasos y se introducen avances, pero no son suficientes", explicó su portavoz en las Cortes, Susana Gaspar, que recordó que en una época en la que "la sociedad demanda la máxima transparencia" las comarcas "deben tener órganos para auditar las cuentas".

El dictamen aprobado en la Comisión Institucional introduce, en su artículo 18 bis), la creación de una comisión especial de cuentas que estará constituida por miembros de todos los grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal y que informará de los presupuestos anuales antes de ser aprobados, y que los remitirá a la Cámara de Cuentas para que elabore el informe que presentará ante las Cortes.

La norma busca reducir al mínimo la falta de previsión al asumir nuevos gastos. Así, al determinar los servicios que debe prestar la Comarca Central incorpora un artículo (el 4.5) que establece que "no cabrá la atribución de ninguna competencia sin la previsión de la correspondiente financiación". Para garantizar la asistencia a los pequeños municipios, establece, también, que la comarca prestará funciones correspondientes al puesto de secretaría-intervención. Abre la posibilidad, además, a que la institución utilice medios y servicios públicos propios del Ayuntamiento de Zaragoza mediante la suscripción de un convenio interadministrativo aprobado por las dos instituciones.

Al fijar los sueldos y las dietas que cobrarán el presidente y los consejeros comarcales, el artículo 13 limita la partida para sufragarlos al 6% del capítulo 1 (gastos de personal). También elimina la arbitrariedad en la contratación de trabajadores al exigir que sea el Consejo Comarcal, integrado por 39 miembros, el que apruebe las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de empleo. Este órgano se encargará, también, de aprobar la plantilla y la relación de puestos de trabajo. Los parlamentarios han incluido, a modo de recordatorio (artículo 21.3), que deberán garantizarse "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, y los demás principios establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público".

En el régimen de funcionamiento, se fija que tanto el Consejo Comarcal como las comisiones de eje se deberán reunir en sesión ordinaria una vez por trimestre, y en extraordinarias, cuando se estime necesario.

El dictamen de la ponencia establece que el primer Consejo Comarcal se constituirá tras las primeras elecciones locales que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, de manera que el proceso se podría activar a partir del 26 de mayo.

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