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Unos 11.000 aragoneses esperan que valoren su discapacidad con demoras de hasta 18 meses
El número de personas que aguardan este reconocimiento ha aumentado un 26% en el último medio año.
Alrededor de 11.000 personas residentes en Aragón aguardan actualmente a ser valoradas en su grado de discapacidad, tanto física como psíquica, y así poder acceder a ayudas y prestaciones, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno aragonés. La situación es especialmente problemática en la capital aragonesa, donde los dos centros de atención que llevan a cabo este reconocimiento acumulan una demora de entre un año y 18 meses.
Esta lista de espera ha aumentado un 26,5% en el último medio año. A principios de septiembre de 2018 había 8.774 ciudadanos pendientes de esta evaluación en alguno de los cuatro establecimientos de atención dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que se encargan de estos procesos.
Según la normativa vigente, solo se otorga la consideración de persona con discapacidad cuando la valoración alcanza un grado igual o superior al 33%. Cada vez son más las personas que la solicitan. Los beneficios más habituales a los que pueden acceder son la adaptación del acceso a viviendas, de pruebas selectivas y de puesto de trabajo, además de exenciones fiscales, tarjeta de aparcamiento, prestaciones no contributivas, protección familiar por hijo a cargo y ayudas para la eliminación de barreras. La condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial de un niño o de sus padres y hermanos también da puntos extra en el proceso de escolarización y se tiene en cuenta en temas como el bono social eléctrico. Asimismo, es habitual que la solicitud del reconocimiento de dependencia sea paralela a la discapacidad.
El Gobierno aragonés reconoce la existencia de este problema y asegura que se está trabajando en el "refuerzo de personal" para aligerar las listas de espera. Fuentes del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales han explicado que en los centros de atención se hace un "triaje inicial" de los expedientes y se da "prioridad" a los casos más graves "según diagnóstico y según la finalidad de la resolución".
En cuanto al incremento de la plantilla, solicitada desde los propios establecimientos, la DGA ha confirmado que en Huesca ya se ha incorporado a una persona más y "se está tramitando otro contrato". Respecto a Zaragoza, se está diseñando "una reorganización general que implica un refuerzo importante". Se quiere adoptar una medida similar a la que se llevó a cabo con la dependencia, cuando se contrató a evaluadores para reducir la lista de espera.
Hasta 400 solicitudes al mes
Cada año se llevan a cabo en la Comunidad unas 6.500 valoraciones. En el centro de atención I, que abre sus puertas en la calle de Santa Teresa, un usuario puede estar ‘en capilla’ hasta año y medio antes de que le vean el médico, el psicólogo o ambos. Puede recibir hasta 400 solicitudes en un mes. En el centro base II, la dilación puede ser igual de prolongada, sobre todo cuando confluyen las patologías física e intelectual. En Huesca la dilación ronda los 10 meses y en Teruel los tres.
El retraso se acumula en la fase inicial del proceso, ya que cuando una persona ya ha sido valorada obtiene la documentación relacionada con el nivel de discapacidad en menos de un mes.
Desde el centro de apoyo social de DFA (Disminuidos Físicos de Aragón) lamentan estos atascos que "merman" las posibilidad de acceder a algunos beneficios. "La legislación dice que una vez que te reconocen el grado de discapacidad tiene efecto desde el momento de la solicitud, pero hay prestaciones en las que es necesario contar con ella cuando las pides, como son las ayudas individuales que convoca el IASS o para concurrir a un puesto de trabajo", explican. En opinión de este profesional de DFA, los dos centros de atención a la discapacidad de la capital aragonesa se quedan cortos para el volumen de población y las plantillas con que están dotados, escasos.
"Hace medio año pedí una revaluación y aún no sé nada"
Noelia S. lleva seis meses esperando que a su madre, Mª Luz, de 71 años, le revalúen en Zaragoza su discapacidad física. "En septiembre de 2018 presenté la solicitud y aún no sé nada", denuncia. Cuando hace unos días preguntó la razón por la que no le habían llamado, le contestaron que estaban atendiendo "a solicitantes de agosto de 2017".
En 2007 a Mª Luz, enferma de esclerosis múltiple, le reconocieron su condición de persona con discapacidad con un 53% y un baremo de movilidad 5. Su estado ha empeorado desde entonces y quiere usar el servicio taxi accesible, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza, para lo que necesita que este baremo tenga una puntuación igual o mayor a 7.
"Un retraso de tres o hasta cuatro meses para una revaluación parece un tiempo razonable, pero año y medio es una vergüenza. Mientras tanto, le puede pasar cualquier cosa", se queja Noelia.
Aunque conserva "cierto grado de autonomía" y hasta hace unos meses se movía por Zaragoza en autobús, ahora lleva muletas, "no tiene estabilidad suficiente", y necesita un taxi para acudir a sus dos sesiones semanales de piscina que le sirven como rehabilitación y al fisioterapeuta cada quince días.
"Si reúne los requisitos para acceder al servicio de taxi del Ayuntamiento queremos que lo aproveche, porque ahora se lo está pagando de su bolsillo y ni yo ni mi marido podemos llevarla siempre, sobre todo a la piscina, que acude por las mañanas porque es el momento del día en el que hay acude menos gente y las calles están más libres", explica Noelia.
Ahora le queda plantear una reclamación en el centro de atención a la discapacidad acompañada de un informe médico sobre el estado de salud de su progenitora.
