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La DGA sigue sin presentar el proyecto del Pabellón de España pese a exigir su cesión

El adelanto electoral complica los trámites para el traspaso al Gobierno de Aragón.

Imagen tomada el martes del exterior del pabellón, cerrado desde el 14 de septiembre de 2008.
Imagen tomada el martes del exterior del pabellón, cerrado desde el 14 de septiembre de 2008.
José Miguel Marco

La cesión del Pabellón de España a Aragón podría no cerrarse esta legislatura. Aunque el Ejecutivo autonómico arrancó el compromiso al Gobierno de Pedro Sánchez en la bilateral de noviembre, la DGA aún no ha presentado un proyecto a Patrimonio Nacional, organismo encargado de aprobarlo o rechazarlo. Pese a que el Ejecutivo PSOE-CHA insiste en que “se está trabajando en la propuesta”, clave para el campus europeo de Formación Profesional proyectado en el recinto Expo, fuentes de la Delegación del Gobierno confirman que, dados los plazos –el martes se disolvieron el Congreso y el Senado y el 12 de abril comenzará la campaña electoral– es muy “difícil” que el acuerdo pueda cerrarse antes de acabar la legislatura.

El traspaso quedaría, por tanto, a expensas del nuevo Gobierno. Pese a que el presidente de Aragón, Javier Lambán, reclamó en septiembre una cesión “absolutamente gratuita” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, fuentes de la Delegación del Gobierno confirman que desde al bilateral no ha habido novedades. Ni siquiera después de que el arquitecto del pabellón, Patxi Mangado, ofreciese “a coste cero” el proyecto de reconversión que diseñó a petición del Gobierno de España para transformar este icono de la Expo, en desuso desde hace más de diez años, en aulas de posgrado de la Universidad de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón asegura que sus técnicos siguen trabajando para perfilar el proyecto y analizar su viabilidad. En estos momentos, según las mismas fuentes, se estaría preparando toda la documentación necesaria. No habría, en todo caso, una fecha para presentarla al Ejecutivo central.

Aunque el Campus Tech, llamado a formar “a los creadores del futuro”, respetaría la filosofía del edificio, requisito sine qua non para que Patrimonio autorice la cesión, aún faltarían por concretar sus pormenores. Quedaría por saber, por ejemplo, si el acuerdo se cierra a coste cero o a cambio de un alquiler simbólico, por cuántos años –en un principio se habló de 30 prorrogables–, o si el Gobierno central podría reservarse parte de los alrededor de 8.000 metros cuadrados de superficie útil de este espacio, detalles que complican la cesión a corto plazo.

Se desconoce, además, si este previsible retraso afectaría a los plazos del Campus, incluido en el proyecto 2030 del Ejecutivo de Lambán, también ligado al devenir electoral. Para Juan Antonio Ibáñez, presidente de la asociación Legado Expo, el posible retraso de la cesión supone “una suma de decepciones”. “Tendrían que dejarla cerrada sea como sea antes de las elecciones. Si cambian los gobiernos habría que reiniciar absolutamente todo. Se pondría el contador a cero”, razonó. El colectivo echa en falta más información por parte del Ejecutivo autonómico. “Se nos ha ignorado en reiteradas ocasiones y ya damos la legislatura casi por perdida. Trataremos, no obstante, de hablar con la Delegación”, manifestó.

Promesas y desperfectos

La asociación resta también “todo tipo de credibilidad” a las promesas que se puedan hacer “de aquí al verano”, ya que el Pabellón de España también ha sonado para albergar la sede del Instituto del Cambio Climático e incluso un museo con recreaciones de dinosaurios. “Todo lo que se está diciendo se tendría que haber hablado hace ya diez años. Para nosotros, los únicos proyectos creíbles son el del Pabellón Puente y el de la Torre del Agua”, apuntó Ibáñez, al tiempo que recordó lo mucho que se ha hablado estos cuatro años de pabellones como el de Aragón.

El verdadero problema, explicó, está en que “el paso del tiempo está pesando demasiado sobre estos edificios”. Solo en el Pabellón de España, cuya reconversión costaría entre dos y tres millones de euros, según cálculos de Patxi Mangado, ha habido que invertir más de 500.000 euros en los últimos diez años para reparar sus desperfectos, obras que siguen siendo objeto de polémica judicial tras el recurso de la Abogacía del Estado al fallo que daba la razón al arquitecto.

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