La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatuario de las Cortes de Aragón han aprobado este lunes por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para instar al Gobierno de Aragón a que solicite a Defensa el censo de los reservistas de especial disponibilidad para diseñar un plan de formación.

Con este acuerdo los grupos parlamentarios se han mostrado partidarios de brindar una salida a los militares jubilados a los 45 años a los que no se les reconoce la formación ni la experiencia acumuladas ni se les ofrece una salida laboral "incumpliendo la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería", como ha recordado el diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez.

En opinión de Domínguez, "el Estado está tirando el dinero porque la formación de esos profesionales que se van a la calle ha costado mucho”, de ahí su interés en tener el censo de reservistas que operan en Aragón para conocer sus “especialidades laborales” y de esa manera poder ofrecerles una formación y salidas laborales adecuadas, según se recoge en una nota de prensa de las Cortes.

La proposición no de ley ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos después de que Ramírez haya atendido las recomendaciones de la aragonesista María Herrero para que el texto concretase la responsabilidad del Gobierno de Aragón en la tarea de recibir el censo e impulsar un plan de formación, así como de fijar un plazo para el cumplimiento, y la otra enmienda in voce del diputado de Podemos Alfonso Clavería.

Fernando González (PP) ha defendido la necesidad de resolver un problema de “ámbito nacional” que requiere el convencimiento de la sociedad, ha reconocido que “estas personas, con su formación, merecen una salida y no se las puede dejar a ver qué encuentran” y ha reclamado a la DGA que facilite la reserva de plazas en otros ámbitos de la administración.

El socialista Darío Villagrasa ha avanzado la próxima firma de un convenio entre la DGA y los ministerios de Defensa y Educación para la acreditación de la experiencia y formación de estos militares en el que se contemplan otras salidas laborales como extinción de incendios, asistencia sanitaria y socorrismo, entre otros, y ha recordado que el cuarto plan aragonés de FP prevé medidas para agilizar la acreditación de la experiencia laboral.

Desde Podemos, Clavería ha atribuido la situación al “incumplimiento sistemático” de la Ley de Tropa y Marinería y al “fracaso” del programa Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (Sapromil) que ha derivado en el “ostracismo laboral” de cientos de militares “en una edad complicada”. “Se habla mucho de patria pero se deja a los soldados en la estacada”, ha criticado.

María Herrero (PAR) ha llamado a “aprovechar los recursos humanos” para acabar con la “mala planificación” que se constata y ha mostrado su preocupación por “los efectos psicológicos y emocionales” que pueden estar ocasionando en los militares que a los cuarenta y cinco años se enfrentan a esta falta de alternativas.

Por último, Carmen Martínez (Grupo Mixto/CHA) ha denunciado el “incumplimiento reiterado” en esta materia de los diferentes gobiernos que han ejercido el poder desde el año 2006 y ha abogado por la “derogación” o “reforma” de esa ley de Tropa y Marinería “porque no tiene sentido mantener esta situación”, ha criticado.

La sesión de trabajo de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario también ha servido para la aprobación de las propuestas de resolución del Informe de la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización de las cuentas anuales 2013, 2014 y 2015 de la plataforma logística de Zaragoza, Plaza y de la actividad contractual de las tres plataformas logísticas aragonesas: Plaza, Plhus (Huesca) y Platea (Teruel) del ejercicio 2016.