Aragón

Opinión

El VAR y Torre Village

Las obras del ‘outlet' no se detienen pese a la sentencia. 
Francisco Jiménez

Vivimos seducidos por la moviola. Nos gustan el ‘review’ y la pausa. Escudriñamos la realidad a golpe de mando a distancia y pensamos en la reversibilidad de nuestras actuaciones como algo natural, posible. El rebobinado es deseo y realidad y hasta la épica del fútbol se ha rendido al VAR, un gracioso y equívoco acrónimo que nace del inglés (Video Assistant Referee) y que congela a partes iguales la controversia y las emociones en un campo de fútbol. Se tolera y se suplica la marcha atrás y cada día crecen los aficionados al VAR. Algunos de los acusados del ‘procés’ también reclaman el VAR y sentados en el banquillo del Tribunal Supremo aseguran que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue un mero guiño político sin «trascendencia jurídica», una suerte de interpretación teatral que ahora desearían borrar. La moda de frenar el presente ha saltado las fronteras y hasta en el Reino Unido Theresa May pide una prórroga que retrase la fecha del ‘brexit’. Un cambio en el calendario que optimice la negociación con la UE y toda una ganancia de tiempo también aprovechada por los laboristas para lanzar la propuesta de un nuevo referéndum.

El VAR es pura golosina para los indecisos, para aquellos que ignoran que la vida es la convivencia con el error y para los que prefieren un mal partido a una buena polémica. Corregir el pasado, aplicar borrón y cuenta nueva y limpiar una hoja de servicios no siempre resulta posible, pero el VARse impone.

La sentencia del TSJA por la que se anula el plan especial del ‘outlet’ de Torre Village, con el 70 por ciento de las obras finalizadas y millones de euros invertidos, admite una muy difícil aplicación del VAR. No cabe duda alguna sobre la obligación de acatamiento de la sentencia, pero convendría recordar que la aprobación del plan especial que afecta a estos suelos (vinculado al traslado de Pikolin) responde a una decisión adoptada por el pleno municipal. La marcha atrás o la paralización de un proyecto de esta naturaleza implicaría un daño económico millonario, cuantía que debería ser abonada por todos los zaragozanos en concepto de indemnización, y la pérdida de los actuales y futuros puestos de trabajo. Cuesta admitir que la solución pase por enterrar el dinero invertido cuando se podría alcanzar un acuerdo político que diera una salida urbanística. El acuerdo de los grupos políticos, sostenido en la defensa de la legalidad, se hace imprescindible, al igual que la defensa de la seguridad jurídica, un principio que debería garantizar la certidumbre inversora.

Cualquier ciudad crece cuando existe un clima de seguridad jurídica que garantiza que las normas y los acuerdos alcanzados en un pleno están ajustados a derecho. En este caso no ocurrió así, y esto exige una profunda reflexión sobre cómo se tomó una decisión que desde el principio debió atenerse estrictamente a la legalidad.

El alcalde Pedro Santisteve, que en su momento se opuso al plan, yerra cuando elude el debate sobre la seguridad jurídica de las decisiones municipales y vuelve a equivocarse cuando no aprecia en este conflicto un severo riesgo reputacional para la ciudad. Refugiarse en la discusión sobre el modelo comercial o en el debate sobre el peso de las grandes superficies, aspectos todos ellos interesantes y que debieron analizarse con carácter previo, no hace sino mostrar su incomprensible deseo por vivir en la moviola.

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