La principal causa penal abierta por malversación en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha terminado por arreglar las cuentas de la sociedad pública, hasta el punto de cerrar el año pasado con beneficios millonarios. La principal contratista de la urbanización, Acciona, abonó el pasado mes de diciembre 14,84 millones de euros tras firmar el acuerdo por el que asumía su parte de culpa en los delitos que se atribuyen a los dos gerentes que puso al frente de la urbanización de Plaza, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Y antes de mayo la constructora aportará los restantes 35,17 millones que pactó como responsable civil subsidiaria.

Estos importes solo son el «suelo» que Plaza entiende que Acciona debería abonarle por las certificaciones hinchadas por las obras del polígono logístico, que eleva a un total de 150,5 millones. Los restantes 100,5 millones se discutirán en un arbitraje que, como pronto, se sustanciará en el próximo otoño. Aunque las bases quedaron fijadas en el acuerdo firmado en diciembre, la sociedad pública y Acciona aún tienen que cerrar el convenio que fije los árbitros y el propio procedimiento. Yluego habrá que conceder un plazo razonable a los expertos que diriman las responsabilidades civiles para estudiarse los miles de folios de las periciales aportadas por las partes sobre las obras de la plataforma.

Al mismo tiempo, la deuda de Plaza se ha reducido gracias a la renuncia por parte de la UTE de la urbanización, constituida por Acciona y MLN, al cobro de la última certificación y a la décima revisión de precios de la segunda fase de la plataforma. Esto supone un ahorro de 7,7 millones.

La recuperación de fondos no se limita a la contratista, dado que otras tres compañías relacionadas con el caso de corrupción ya han desembolsado otro millón de euros por su implicación directa en la causa. La principal es la consultora de ingeniería que redactó el proyecto y se encargó de la dirección de las obras, Intecsa-Inarsa, que ha asumido una indemnización de 270.000 euros y la renuncia al cobro de las facturas pendientes por sus servicios, que ascendían a otros 374.727 euros con IVA. Este es el único importe al que se le ha aplicado el impuesto.

Le sigue Maguitel, sociedad perteneciente al grupo Porcelanosa, que aportó 636.380 euros para que las acusaciones retiraran los cargos y mantuvieran encausado al dueño del grupo cerámico, Manuel Colonques, tan solo como partícipe a título lucrativo de un delito atribuido a Ricardo García Becerril. En su caso, por la compraventa de una parcela a un precio inferior al de mercado.

Los acuerdos se ampliaron a una subcontratista de las obras, Actividades Margalejo SA, que asumió en su día parte del gigantesco movimiento de tierras en el entorno del aeropuerto. En su caso, abonó 103.527 euros.

Al mismo tiempo, la sociedad pública ha sufrido dos reveses en los tribunales en el último año que afectaron a sus expectativas de cobro, igualmente millonarios. Se trata de la reclamación de 14,5 millones al empresario Agapito Iglesias por el encargo de dos edificios en la propia plataforma logística, que ganó en primera instancia y perdió en la Audiencia Provincial. Por este caso, tendrá que pagar las costas, que ascienden a 226.633 euros.

Tampoco salió airosa Plaza del litigio contencioso-administrativo que interpuso contra el Ayuntamiento de Zaragoza por las liquidaciones del impuesto de plusvalías correspondientes a 2015 y 2016 como consecuencias de la venta de suelo. Por ello, no ha recuperado 1,5 millones que pagó a las arcas municipales.