La empresa pública Sarga incumplió la normativa de contratación al adjudicar 10,7 millones de euros "sin tramitar los correspondientes expedientes o fraccionando indebidamente su objeto con la finalidad de evitar la aplicación de las normas de publicidad y concurrencia". Esta es una de las conclusiones a las que llega la Cámara de Cuentas de Aragón en la fiscalización de la actividad de la empresa autonómica encargada del operativo antiincendios, que le llevó a revisar su actividad entre 2012 y 2016, que afecta tanto a los gobiernos de Rudi como de Lambán.

En su informe, de 91 folios, hace especial mención a los incumplimientos en contratos encargados a terceros, que en total ascendieron a 138 millones. La retahíla de "incumplimientos significativos" afecta a la práctica totalidad de los quince contratos analizados. Hasta en nueve de ellos no se identificó el órgano de contratación en el pliego ni en los anuncios y, además, "no hay constancia de que se aprobaran el expediente y los pliegos". Y en esos mismos descontó en el presupuesto de ejecución por contrata el importe de los gastos generales y corporativos que Sarga repercutiría a la DGA por su gestión, lo que incumple la Ley de Contratos.

Por si fuera poco, la Cámara de Cuentas alude a que ningún expediente se justificó "adecuadamente" la elección de los criterios de adjudicación ni la ponderación, que supone una vulneración de la ley y de las propias normas de Sarga.

Los incumplimientos afectan igualmente a la valoración del precio de las ofertas, que se realizó con antelación a la exclusión de las ofertas descartadas. Y apunta el órgano fiscalizador que esta práctica, contraria a la regulación de la Ley de Contratos, "podría haber generado una alteración de la puntuación y determinar la adjudicación de un contrato a un licitador distinto".

Los reparos legales no caben ahí, ya que en tres contratos no se reunió de forma efectiva la comisión de valoración y en otros cinco se produjeron modificaciones con repercusión económica, de 2,2 millones. En estos últimos no aprecia la Cámara de Cuentas una alteración en las condiciones esenciales, pero advierte de que no se justificaron suficientemente y en el 68% las causas no estaban incluidas en los pliegos.

Igualmente, alude a los "desajustes" de los contratos en materia de infraestructuras, con "errores y defectos en la confección de expedientes, en los presupuestos de licitación o en la definición de los criterios de adjudicación.

Este no es primer varapalo que recibe Sarga, ya que en 2018 reveló incumplimientos en la selección de personal y el pago de pluses. En este último informe vuelve a cuestionar la política laboral, que centra ahora en el incumplimiento en la falta de homologación retributiva de su personal con su equivalente en la DGA.