Llevo un tiempo dudando, no sé si por prudencia, por dejadez o por cobardía. No sé si volver a levantar la mano y preguntar. No sé si se ha producido un pacto de silencio y nadie quiere decir nada o es que, simplemente, es un asunto irrelevante. Me resisto a pensar que a nadie le importe cómo se están gestionando los fondos destinados en nuestro país, en Aragón, a financiar los proyectos de los grupos de investigación aragoneses.

Hace unas semanas se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la Orden del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad (IIU) 31/2019, de 30 de enero, por la que se amplía el plazo máximo de resolución y notificación previsto en la Orden IIU/1141/2018, de 28 de junio, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de I+D+i en líneas prioritarias de la RIS3 Aragón (estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente) y de excelencia de carácter multidisciplinar para el período 2018-2020, cofinanciada por el Programa Operativo Feder Aragón 2014-2020. O lo que es lo mismo, la orden que permite ampliar el plazo de resolución “hasta el 6 de mayo de 2019 inclusive”.

Apenas son dos páginas del BOA. Una de ellas enterita dedicada a explicar las actuaciones y el consiguiente retraso. Ahí se constata la falta de previsión y la perfidia -¿intencionada o no?- con la que se lanzó la convocatoria de partida. Pues, como recuerdan en esta misma resolución, “el plazo para la presentación de solicitudes finalizó el 6 de agosto de 2018”. ¡Sí, sí, agosto! Quienes convocaron debieron de pensar que esas fechas eran perfectas. O igual imaginaron que no había músculo investigador ni ganas ni rasmia… Pero se encontraron con una sorpresa agradable, pues como dice esta nueva pieza gloriosa de la burocracia terminaron “registrándose un total de 248 solicitudes”. Lo cual hace pensar en varios escenarios. Uno, alguien supuso que, como había que presentar las solicitudes en plenas vacaciones veraniegas, no tendrían muchas propuestas; por tanto, serían pocas a evaluar. Dos, alguien ni siquiera pensó en los plazos y los tiempos que exige solicitar evaluaciones externas. Tres, alguien soñó con que con cuatro perras y un par de días estaría todo resuelto.

En cualquier caso, ahora estamos atascados, fuera de plazo y bloqueando la investigación financiada con fondos autonómicos. Aunque parece que el atasco está en otro lugar, cuando dicen: “En la citada sesión del Conaid (Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo) no pudo adoptarse un acuerdo sobre el informe final de evaluación ya que no existía el número mínimo de miembros para la adopción válida del citado acuerdo. En este contexto resultó imposible completar la tramitación pendiente, incluida la tramitación del procedimiento contable en la fase de disposición del gasto”. Alguien ha hecho mal las cosas. Y si fuéramos cualquiera de nosotros quienes hubiéramos fallado en los plazos, inmediatamente la maquinaria de la Administración nos habría triturado. Si no, hagan la prueba. Bueno, mejor no lo intenten. No intenten no cumplir los plazos que fija cualquier administración pública a la ciudadanía. Verán cómo les caen recargos, multas, exclusiones y un sinfín de consecuencias.

Curiosamente, en este caso los responsables se van de rositas. ¿Que no llegamos a tiempo? Pues cambiamos la fecha. ¿Que esto afectará al calendario previsto para las investigaciones propuestas? No pasa nada, aplicaremos estrictamente las reglas y al que no llegue, que le den. Si alguien protesta, ya comprobará aquello del enemigo, el amigo y el indiferente. Si alguien se queja, ¡toma ley vigente! De hecho, a ello han recurrido, pues la Ley 39/2015 “establece en su artículo 32, en sede de términos y plazos de los procedimientos administrativos, que la Administración podrá de oficio determinar la ampliación de los plazos establecidos sin que exceda de la mitad de los mismos, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen los derechos de terceros”.

El 15 de marzo de 2018, escribí en HERALDO ‘Liderazgo y política científica’. Ahí, tras explicar las increíbles peripecias de la conocida ‘orden contra la investigación aragonesa’, cuestionaba la capacidad del presidente Javier Lambán y de la consejera Pilar Alegría en tanto responsables últimos de la política de investigación de nuestro país, de Aragón. Y estamos donde estamos. Mal que no mejora, empeora.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza