Aún no hay dictamen, pero sí una conclusión clara: el plan de acompañamiento presentado por Endesa de cara al cierre de la central térmica de Andorra en 2020 "es absolutamente insuficiente". Los diputados de la comisión especial de las Cortes que analiza la transición energética en Aragón coinciden, una vez analizado el documento, en que la eléctrica tiene que dar "una solución real y más amplia" al "grave problema social y económico" que provocará el fin del carbón.

Para Dolores Serrat, diputada del PP, las líneas planteadas son "poco concretas". Cree, en todo caso, que no se puede culpabilizar exclusivamente a Endesa, ya que la empresa se ha mostrado abierta a "hablar de todo y con todos". "También hay que preguntarse qué van a hacer los gobiernos de España y de Aragón", recalca.

Julia Vicente, del PSOE, cree que el problema está en que el territorio "sigue sin tener respuesta a las numerosas propuestas" que ha lanzado a Endesa. Las alternativas que contempla el plan no son, a su juicio, "suficientes". "Y más viniendo de una empresa que ha recibido recursos, esfuerzo humano y beneficios económicos tanto de Aragón como de las cuencas", indica.

Podemos, por su parte, sostiene que el documento "ni siquiera puede ser llamado plan". "Es un Power Point de unas pocas diapositivas", dice el diputado Román Sierra, que ve en la anunciada apuesta por las renovables_una nueva fórmula de "negocio" para la multinacional. Lo importante, subraya, es que Endesa "plantee el mejor plan social para los trabajadores" e incluya a las subcontratas.

Arturo Aliaga, presidente del PAR y coordinador de la comisión especial de estudio, asegura que Endesa "no aporta nada más allá de lo legalmente exigible". "Eso no es un plan de acompañamiento, es uno de mínimos", opina. Su compromiso, subraya, "debe ir más allá de las recolocaciones y la apuesta por las renovables". "Tiene que ser mucho más firme e incluir inversiones ‘plurianuales’", manifiesta.

Javier Martínez, de Ciudadanos, coincide en que el plan "resulta decepcionante". "Respetamos la decisión, pero Endesa puede aportar mucho más si tiene interés y quiere demostrar que es socialmente responsable y que de verdad le preocupan las gentes de las cuencas mineras", agrega.

Gregorio Briz, de CHA, cree que el documento es "una tomadura de pelo". "Todo es de perogrullo, no aporta nada. Esperábamos un planteamiento más riguroso, un cronograma de inversiones... Es impresentable, demuestra poca seriedad y respeto", dice.

Patricia Luquin, de IU, critica la "absoluta falta de concreción" del plan. "Las inversiones deben ser proporcionales a las inversiones que ha obtenido en estos años", señala. La diputada asegura que Endesa es "desleal" y que sus fórmulas están "lejísimos" de paliar la situación que se va a crear en las cuencas mineras. "No están a la altura de las reivindicaciones de la zona. Esperamos, como ha insistido tantas veces, en que sea un plan verdaderamente abierto. Por no garantizar, no garantiza ni el empleo de los trabajadores de las contratas", apunta.

Impuestos e iniciativas

El documento revela que Endesa pagará cada año 3,85 millones de euros de impuestos a repartir entre los ayuntamientos de Andorra, Alcañiz, Ariño, Calanda e Híjar una vez que construya los 1.000 megavatios de energía fotovoltaica contemplados en el plan de acompañamiento presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica en diciembre de 2018.

Compromete 2,5 millones por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) y otros 1,3 por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Son 1,55 millones más que lo que paga actualmente. Hasta ahora, no obstante, esos 2,3 millones iban a parar únicamente al Consistorio andorrano.

Esta cantidad, que representa aproximadamente una tercera parte de los ingresos de la localidad, se verá mermada una vez cierre la central, ya que la compañía solo prevé desarrollar 200 megavatios en este término municipal. Endesa no ha aclarado aún cómo se repartirá el resto, ya que antes necesita el sí del Ejecutivo central. Una vez lo tenga procederá a negociar el alquiler de terrenos, por los que prevé pagar en torno a un millón de euros por ejercicio.

Para mitigar el impacto por la reducción de la contribución fiscal en Andorra, la compañía plantea "auditorías energéticas en el municipio" e implementar "medidas de eficiencia energética en activos municipales". Este capítulo contemplaría tres tipos de actuaciones, desde la apuesta por un alumbrado eficiente hasta el cambio de calderas de gasóleo a gas natural o la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Esto, apunta la eléctrica, podría suponer "unas reducciones de consumo de más del 40%".

El desarrollo del parque fotovoltaico también le llevará a abonar 32 millones por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La eléctrica espera poder realizar las obras en paralelo al desmantelamiento de la central, que podría costar entre cuatro y seis años, de acuerdo con las previsiones actuales. Construir los 1.000 megavatios de fotovoltaica llevará al menos cinco, a razón de 200 MW por ejercicio.

Los motivos

El plan también ahonda en los motivos que han provocado el cierre de la central. Entre ellos destaca la pérdida de competitividad en el mercado eléctrico de la planta "por los elevados costes de producción", que, según Endesa, "han generado pérdidas en los últimos años". La empresa defiende que en los años que la central lleva en funcionamiento el entorno "se ha visto beneficiado por una contribución directa de más de 4.750 millones de euros" en concepto de compras de "materiales y servicios, costes de personal e impuestos, compras de carbón autóctono e inversiones acumuladas".

Analiza, por otra parte, las características socioeconómicas del entorno, entre las que menciona "un área despoblada con pocas oportunidades para retener a la población existente", una "población envejecida", "un nivel de renta bajo y decreciente" con rentas brutas por debajo de la media nacional, con excepción de Andorra, y un grado de formación también "por debajo de la media".

A esto suma unas "malas infraestructuras" afectadas por la "falta de inversión", una "carencia de infraestructuras viarias y ferroviarias que permitan aprovechar la ubicación estratégica" y una banda ancha "limitada". También ve, en todo caso, oportunidades de futuro, como el músculo del sector del automóvil, la potencia renovable en tramitación o la importancia del sector cárnico.