El plan de transición justa no detalla alternativas ni fondos ante el cierre de la térmica

Dos folios en un anteproyecto de ley que no se podrá ni tramitar en lo que queda de legislatura. Esto es todo lo que dedica el Gobierno de Pedro Sánchez al plan de transición justa para las cuencas mineras, que ni siquiera cita, ante el anunciado cierre de las centrales térmicas como la de Andorra.

El documento no especifica alternativas, plazos ni financiación para paliar el impacto y se limita a señalar de forma genérica que los convenios a suscribir con las entidades locales y agentes sociales de las zonas afectadas incluirán medidas fiscales, laborales, formativas, de protección social e I+D+i. Todo con el objetivo de "incentivar la adaptación de los trabajadores".

Aunque la DGA y las comarcas mineras esperaban que la anunciada estrategia de transición justa concretara la promesa del presidente Sánchez de que el fin del carbón tendrá un "impacto cero" sobre el empleo, la realidad dista mucho de las expectativas. De hecho, el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Justa, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, no detalla en sus 51 páginas cómo se prevé sufragar. Solo alude, en el extenso apartado de recursos, que al menos el 20% de los Presupuestos Generales "deberá contribuir" a los objetivos establecidos en la norma.

Silencio en el Pignatelli

El Gobierno aragonés no quiso valorar este viernes la falta de concreción del documento tras semanas de espera y emplazó a la valoración que pueda hacer hoy el presidente, Javier Lambán, en su visita a Calanda. El líder socialista trasladó esta misma semana que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, le dijo que quedaría "satisfecho" de los compromisos para las cuencas mineras, aunque no se especifican.

En su comparecencia, Teresa Ribera indicó este viernes que el documento se someterá a un proceso de participación pública, por lo que ni siquiera podrá registrarlo en el Congreso antes de su disolución el próximo 5 de marzo.

En los cuatro párrafos que dedica a los convenios de transición justa, el Gobierno manifiesta que deberán recoger una "evaluación del estado de vulnerabilidad" de la zona afectada, un compromiso de las partes que incluiría a las empresas que se pudieran beneficiar de las medidas de apoyo, así como un calendario para su aplicación. Para ello, se delimitarán objetivos medibles y mecanismos de seguimiento durante el periodo de vigencia, que podrá superar el plazo máximo de cuatro año establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Acceso prioritario a recursos

Igualmente, el Ejecutivo socialista apunta que los convenios podrán incluir "el acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica". Esta medida se extendería también al uso del agua objeto de concesiones que se extingan tras el cierre de instalaciones como la térmica de Andorra.

Nada de esto se ha negociado hasta el momento, por lo que se antoja muy difícil que se pueda firmar el convenio antes del mes de junio, tal y como anunció Teresa Ribera en su vista a Andorra hace un mes.

En la nota oficial del Ministerio para la Transición Energética alude a que para el desarrollo de los convenios de transición urgentes, sin detallar cuáles, se habilitarán 130 millones en líneas de ayuda para el periodo 2019-2021. No obstante, el Gobierno de Sánchez carece de un presupuesto con partidas específicas que permitan afrontar el gasto, dado que su propuesta fue rechazada y se mantiene la prórroga de las cuentas de 2018.

Para el apoyo técnico en la elaboración y aplicación de los convenios, el Ministerio pretende contar con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Dicho organismo, apunta, se transformará en el Instituto de Transición Justa con el fin de "reforzar y ampliar su espectro a más zonas en transición y a más sectores de actividad".

Respecto a la estrategia, el anteproyecto de ley puntualiza que el Gobierno estará obligado a aprobarla cada cinco años, en cuya elaboración pretende implicar a seis ministerios "previa consulta a los agentes sociales". En esta propuesta deberá recoger los colectivos, sectores y territorios vulnerables, un análisis de oportunidades, políticas de promoción de actividad e instrumentos para el seguimiento del mercado laboral.