La consejera de Economía e Industria, Marta Gastón, exigió este miércoles a Europa "una respuesta específica" para los territorios afectados por el fin del carbón. Lo hizo en Madrid, en el marco de la primera reunión en España de la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición, a la que asistieron representantes de Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León y del Ministerio para la Transición Ecológica. El encuentro, inaugurado por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, y clausurado por la ministra Ribera, dejó una sensación agridulce en la delegación aragonesa, ya que no se anunció ningún fondo específico para paliar el "severo impacto" que tendrá el cierre de la central térmica de Andorra en la economía turolense.

La jefa de gabinete del Comisario Arias Cañete, Cristina Lobillo, solo hizo referencia a programas ya existentes como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Social Europeo, entre otros.

Lobillo mostró a las cuatro regiones la mejor forma de aprovechar estas convocatorias. Comunidades como Aragón, no obstante, consideran que se debe ir más allá, sobre todo si se tiene en cuenta que la Unión no podrá aprobar fondos específicos hasta sacar adelante sus nuevos presupuestos en 2021.

Gastón recalcó que situaciones excepcionales como el cierre de la térmica requieren de soluciones que también lo sean y reclamó "desde la reflexión, la urgencia, y la sensibilidad" una mayor flexibilidad en las convocatorias existentes, excesivamente restringidas en la actualidad, según el Ejecutivo autonómico.

Este cambio permitiría apoyar económicamente a los proyectos interesados en instalarse en las cuencas mineras y, sobre todo, a aquellos ya asentados que deseen ampliar sus instalaciones o impulsar nuevas iniciativas.

Pese a la falta de una respuesta específica, la consejera resaltó que las cuatro comunidades autónomas salieron "reforzadas como equipo-país". Gastón exigió a la Unión Europea medidas como las ya puestas en marcha en Aragón, entre las que figuran las últimas declaraciones de Interés Autonómico o la aprobación de un decreto-ley que permitirá reducir a la mitad los trámites administrativos y urbanísticos de los proyectos que se ubiquen en las comarcas mineras.