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Aragón

Aragón tendrá 210 jubilados por cada 100 jóvenes en 2033

Un total de 356.335 aragoneses, el 27% del total, superará los 65 años en tres lustros.

Imagen de archivo de unos jubilados en la capital turolense.
Imagen de archivo de unos jubilados en la capital turolense.
Antonio Garcia/ Bykofoto

El ritmo de envejecimiento de Aragón seguirá imparable en los próximos tres lustros. Hasta el punto de que en 2033 habrá 210 mayores de 64 años por cada 100 jóvenes menores de 16 años, lo que le situará como la novena autonomía con una desproporción más acuciada. Los datos de proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) son destacados en el último informe del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, que constata que el índice de envejecimiento se disparará en este periodo en más de 68 puntos respecto a 2018, manteniéndose Aragón muy por encima de la media nacional como consecuencia de la baja natalidad y el freno en la llegada de inmigrantes.

Teruel es una de las provincias más castigadas de España por el envejecimiento, con más de 176 jubilados por cada 100 jóvenes al cierre del pasado ejercicio. Huesca, con un 154%, y Zaragoza, con 135%, se encuentran igualmente por encima de la media. Esto se traduce en que el número de aragoneses con más de 65 años que viven solos pasará de los 83.300 actuales a alrededor de 175.500.


La radiografía que revela la estadística oficial es preocupante, dado que Aragón figura como una las ocho autonomías que perderían población en el mismo horizonte temporal, todas englobadas en la denominada ‘España vacía’. La estimación apunta a una caída de 3.456 habitantes en la Comunidad, un mal dato que aún empeoran Cantabria (-17.127), Castilla-La Mancha (-63.907), Extremadura (-71.422), Asturias (-138.096) y Castilla y León (-210-143). La Rioja también estaría a la cola, aunque la reducción del censo se quedaría en 782 personas menos.

Aragón no solo tendría un menor peso demográfico en el conjunto del país, que ganaría 2,4 millones de habitantes, sino que elevará aún más el porcentaje de personas mayores de 65 años. Ahora representan el 21,6% y en tres lustros sumarán más de una cuarta parte, concretamente el 27,2%. Es decir, habrá 356.335 jubilados.

En esta coyuntura, la proporción de población inactiva respecto a la que está activa se acrecentará de manera alarmante para el sostenimiento de los servicios, especialmente en una autonomía aquejada por un grave problema de dispersión. Si ahora los aragoneses que no cotizan representan un 58,1%, dentro de 14 años supondrán ya un 67%. El porcentaje no ha parado de crecer desde 2008, cuando se llegó a rozar el equilibrio en el año del ‘boom’ económico gracias al empuje que supusieron las inversiones para la celebración de la Exposición Internacional. Entonces, había pleno empleo.

Las proyecciones del INE reflejan la evolución de la población española y tienen en cuenta diversas simulaciones para afinar los resultados. Los cálculos se basan en tres variables demográficas, fecundidad, mortalidad y migraciones, y en ninguna sale bien parada Aragón. El saldo migratorio por cada mil habitantes caerá de los 3,2 previstos este año a los 2,3 en 2033, lo que evidencia que la llegada de nuevos habitantes seguirá el declive y no paliará la congelación del número de nacimientos por cada mil defunciones, que se mantendrá en torno a un 0,7 en los próximos 14 años.

Esta realidad aún hace más acuciante la necesidad de recursos para atender la presión asistencial en en los sistemas públicos sanitarios y sociales, especialmente en los pueblos que concentran la mayor población envejecida en Aragón. Y esto resultará imposible de sostener sin la reforma de la financiación autonómica que reclama la Comunidad y el resto de autonomías de la España vacía, tal y como se defendió en la cumbre celebrada en Zaragoza el pasado mes de septiembre. La tesis compartida es que el Estado debe cubrir el coste efectivo de los servicios y atender el encarecimiento que supone su prestación en territorios que sufren la dispersión, la despoblación y el envejecimiento.

Ante esta situación, el comisionado aragonés para la Despoblación, Javier Allué, exige que el anunciado plan estatal incluya actuaciones prioritarias en las zonas más castigadas, como es el caso de la provincia de Teruel. “Será un fracaso si no hay una metodología de aplicación donde existe un mayor riesgo de despoblación. Sería un catálogo más de medidas”, asevera.

En la elaboración de la estrategia nacional se ha contado con un grupo de expertos de Aragón y la previsión es presentarlo antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas y locales, el próximo 2 de abril. Allué defiende que Aragón debe tener una “prioridad inversora”, ya que todos los indicadores son negativos, desde el envejecimiento y la escasa densidad demográfica hasta la dispersión y el crecimiento vegetativo negativo.

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