Combatir el fraude

El proceso de regularización catastral que se abrió en 2013 ha detectado en Aragón 126.340 construcciones irregulares que sus dueños no habían declarado y por las que deben pagar los impuestos correspondientes (IBI, plusvalías, IRPF...). No hay que incrementar la carga fiscal que soportan los ciudadanos, pero sí que hay que lograr que cada uno pague lo que le corresponde por ley. 

La actualización de datos realizada por el Catastro, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que registra las características de todos los inmuebles del país, ha permitido aflorar en Aragón 126.340 irregularidades por nuevas construcciones, ampliaciones, reformas o incluso por edificar piscinas sin estar bien declaradas. El procedimiento de legalización conlleva el pago de la tasa de regularización catastral, un tributo de 60 euros. Además, se pasa a pagar por estos inmuebles las prescriptivas cargas fiscales: el IBI, plusvalías, el IRPF o en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Esta revisión catastral ha estado ligada a la lucha contra el fraude, con el objetivo de declarar las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones que se hayan llevado a cabo en los ya existentes. Es importante esta tarea inspectora porque los fraudes en materia de impuestos suponen un serio problema para el mantenimiento del Estado del bienestar en España. No obstante, conviene aplicar también cierta mesura pues no es lo mismo lo construido en el mundo rural que lo que se promueve en zonas turísticas. La persecución del fraude debe tener sus prioridades: no se debe tratar igual un cobertizo sin paredes para guardar el tractor en Aragón que un inmueble en Marbella o en la Costa Brava. Sea como fuere, hay que seguir intensificando la lucha contra el fraude fiscal en España, equivalente a más del 20% del PIB, porque causa daños irreparables a la sociedad.