32.000 jóvenes aragoneses ya no podrán optar al complemento salarial de 430 euros

El último día lectivo del año pasado, con el país más pendiente de los preparativos de Nochevieja que de la actividad gubernamental, el Ejecutivo central aprobó una modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante la cual se derogaba el complemento salarial de 430 euros para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil que ostentasen un contrato para la formación y el aprendizaje.

El Ejecutivo socialista concluyó -tal y como se venía avisando desde los sindicatos- que se trataba de una ayuda con poco recorrido y que no estaba favoreciendo la entrada en el mercado laboral de los veinteañeros. Un comunicado del Ministerio de Trabajo apuntaba hacia su "escasa eficacia" y a las distorsiones que creaba respecto a otros trabajadores.

Pese al bajo impacto, solo en Aragón hasta 32.003 jóvenes estaban en disposición de acceder a esta ayuda por el mero hecho de estar inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, según se especifica ahora en una respuesta parlamentaria al diputado popular Ramón Moreno. Para acceder a la ayuda era necesario tener más de 16 años y menos de 25 (o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%).

El objetivo del plan era el de favorecer el retorno del talento, promoviendo que aquellos jóvenes que habían tenido que abandonar el país para encontrar un trabajo pudieran regresar. Se buscaba incentivar la contratación indefinida entre la población de menor edad. La garantía juvenil no llegó a aglutinar a todos los ni-nis, aquellos jóvenes que no tienen un empleo ni estudian.

La malograda ayuda planteaba que los jóvenes que encontraran un empleo cobrasen más de mil euros al mes. Los contratos de formación en España no pueden ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero durante el primer año se cobra el 75% de lo estipulado (el 25% restante se entiende que son horas de aprendizaje), que se complementaban con la subvención, resultando un salario base de en torno a 1.049 euros. Para llevarlo a cabo, la exministra Fátima Báñez especificó que existía una partida de 500 millones de euros.

Frente a este tipo de políticas, los sindicatos apostaron por la puesta de largo de otros tipos de contratos de formación: de ocho horas, con retribuciones ligadas al convenio del sector y con perspectivas a ser indefinidos. Pusieron como ejemplo las FP Dual, con un parte dedicada al aprendizaje laboral (y su respectiva retribución) y otra a los estudios.

¿Cómo es un contrato de formación?

En los últimos años se han suscrito en torno a un millar de contratos de formación en Aragón. Estos van dirigidos a jóvenes de entre 16 y 25 años (hasta 30 en el caso de que la tasa de desempleo se sitúe por encima del 15%) y que no tengan una cualificación para un contrato en prácticas (una Formación Profesional o una carrera universitaria). La duración es de uno a tres años. En el caso de firmar un contrato de este tipo, durante el primer año el 75% de la jornada laboral se destinará a trabajo, mientras que el 25% se tratará de formación. Estos porcentajes evolucionarán al 85% de actividad laboral y 15% de actividad formativa en los dos años siguientes.

Estos acuerdos laborales cuentan con incentivos para las empresas. Por ejemplo, la reducción de las cuotas empresariales al 100% para empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 250 empleados. En el caso de que el joven esté inscrito en el sistema nacional de garantía juvenil, este incentivo consistía en una bonificación.