El Gobierno de Aragón cambió de destino más de 136 millones de euros del presupuesto autonómico de 2018 con el consentimiento de las Cortes. Sanidad y Educación concentraron el 67% del importe total, más de 91 millones, con ampliaciones de créditos para pagar las nóminas y el sobrecoste en el gasto farmacéutico. Diciembre, con 18 operaciones, fue el mes en el que más cambios se registraron para cuadrar las cuentas y satisfacer todos los pagos pendientes.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 recoge, en el artículo 47, que la Comisión de Hacienda de las Cortes deberá autorizar los expedientes de modificación que tengan como finalidad la aprobación de transferencias, generaciones y ampliaciones de créditos y bajas por anulación. Y a estos criterios se ajustaron 52 solicitudes, que se incorporaron a las cuentas de mayo a diciembre del año pasado.

Las partidas oscilan entre los 84 euros que solicitó Educación para la Gala Mejor Deportista Aragonés, a los 31,8 millones de euros que se aprobaron el 17 de diciembre para pagar las nóminas de los maestros.

Aunque en mayo se registraron las primeras modificaciones para transferir fondos para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género, fue en junio cuando se registró la primera partida significativa, 15,5 millones de euros en total, para afrontar los daños causados en abril por el desbordamiento del río Ebro y la actuación de urgencia en Monrepós.

El pago de intereses de demora (5 millones de euros) y las becas de comedor (2,2 millones) centraron los cambios en julio, que se elevaron a 8,5 millones de euros. También se incluyó una partida destinada a ayudas a los parques de bomberos de la provincia de Huesca.

La DGA se vio en la obligación de modificar en noviembre 12,4 millones para pagar más nóminas en Educación. Cuando se aprobó el presupuesto de 2018, ya advirtió la Intervención General de la DGA de que las partidas de personal y de gastos farmacéuticos estaban infradotadas. En más de 110 millones de euros se cifró entonces el agujero del presupuesto, con desajustes en  personal que iban de 50 y 70 millones; en el Salud, de 40 y 45 millones; y de 5 a 7 millones en  farmacia y el incremento de sueldo en las nóminas de los profesores de la enseñanza concertada.

Como en la prórroga presupuestaria que está en vigor este ejercicio se amplía el proyecto inicial de las cuentas de 2018, sin incluir estas modificaciones, es previsible que el desfase detectado se mantenga y que las Cortes deban corregirlas incluyendo cambios similares.

Tras las múltiples modificaciones en Educación y Sanidad y en Desarrollo Rural, lastrada por los daños del desbordamiento del Ebro, fue Ciudadanía la consejería que más cambios precisó, por 7,4 millones de euros, para abonar las becas de comedor, la asistencia a maltratadas y el complemento a las pensiones no contributivas. También Hacienda requirió una modificación de 3,8 millones para gasto de Acción Social e incluyó la transferencia a las Cortes de otros dos millones para el aparcamiento de las Cortes.