Los afectados por el caso iDental denuncian que la DGA no les atiende

El titular del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, fijó a finales del año pasado las pautas que deben seguirse en relación a los afectados por la presunta estafa de las clínicas iDental, con el objetivo de que estos puedan acceder a un peritaje sobre su estado bucal. En este sentido, el juez se reunió con los responsables de Salud y Consumo de las distintas comunidades autónomas, el Instituto de Medicina Legal y el Consejo General de Odontólogos para acordar un procedimiento homogéneo en todas las regiones afectadas.

Así, De la Mata informó de que iba a enviar un escrito común a los diferentes juzgados de las localidades afectadas marcando dichas pautas de actuación. En su día, fuentes de la DGA -por parte del Gobierno aragonés estuvo en la reunión la directora general de Consumo, Rosa María Cihuelo- explicaron que los juzgados territoriales enviarían posteriormente una carta a los pacientes que hayan presentado denuncia para que se les realizaran las valoraciones periciales pertinentes por parte de un forense.

Pues bien. Llegados a este punto, Actora Consumo, que representa a cientos de afectados aragoneses por el cierre de las clínicas, denuncia que el comunicado judicial no ha llegado a su destino. Desde esta asociación, Lucía Germani cuenta que tres de los pacientes de iDental, que ya habían recibido la correspondiente notificación del juzgado de instrucción número 6 de Zaragoza para que acudieran al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), no fueron atendidos por este organismo porque allí no tenían referencia de dicho documento, aunque Actora Consumo dice ser consciente de que obra en poder del Gobierno de Aragón. “La DGA no está haciendo nada para atender a los afectados de iDental”, asegura Germani.

En este sentido, fuentes de la DGA confirman que dicho escrito judicial llegó efectivamente a la administración regional, en concreto a la Dirección General de Consumo, que a su vez lo transmitió a la de Asistencia Sanitaria. El documento da pautas a los odontólogos para actuar en las inspecciones sobre el estado bucodental de los afectados, informes que suponen una primera valoración que después se trasladará al IMLA para su posterior certificación forense.

Por su parte, el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Eduardo Murcia, asegura que son conscientes de las directrices del juez José de la Mata, pero que en estos momentos todavía no han adjuntado a su servicio a un odontólogo que haga la función de forense para llevar a cabo dicho peritaje.

Reunión con las autoridades

La portavoz de Actora afirma que los afectados por esta presunta estafa “merecen el mismo respeto que otros colectivos”. “La clínica situada en Plaza contaba con la autorización del centro sanitario privado de la DGA y se publicitaba en la televisión aragonesa”, explica Germani, quien se queja de que el Gobierno regional debería “al menos” recibir a los afectados para conocer sus peticiones. “Tengo más contacto con la ministra de Sanidad que con los representantes de nuestra propia Administración”, añade. “Hablo con Sanidad y me rebotan a Consumo, y al contrario. La pelota se la pasan los unos a los otros”, asegura.

Por ello, tiene previsto viajar esta semana a Madrid para reunirse de nuevo en el Congreso con los portavoces de Sanidad de varios partidos políticos para tratar de desatascar la situación. “Empecé exigiendo, después pedí, y ahora simplemente suplico”, resume Lucía Germani.

También denuncia que nada saben de la recaudación obtenida con la celebración de un 'outlet' solidario en el Hospital San Juan de Dios destinada a pagar los tratamientos bucodentales de los afectados más vulnerables de iDental. Ni del montante, ni del uso que se le ha dado. El mercadillo, celebrado en octubre del año pasado, ya levantó ampollas entre los afectados, que calificaron indignados de "burla" y "tomadura de pelo" el hecho de que el Gobierno de Aragón pretenda "resolver un problema tan serio, que ha sido calificado como emergencia sanitaria, con la caridad pública". "A estos afectados se les pidieron una serie de datos, entre ellos la renta, para demostrar su desvalimiento y que pudieran así ser atendidos en esas instalaciones, pero a día de hoy no se ha atendido a nadie. Y puedo decir que entre los pacientes a los que se entrevistó hay un chico que actualmente duerme en la calle. Más desvalimiento que ese no se me ocurre", asegura la portavoz de Actora Consumo.

Comparecencia de los dueños de las clínicas

Los afectados por la supuesta estafa, que lograron por fin el acceso a su historia clínica, sí tienen asegurados los informes médicos sobre su situación que les realizan los odontólogos colegiados, y esos documentos se adjuntan a sus expedientes y también a la querella contra los dueños de iDental, de la que Actora Consumo es acusación particular. "Aunque no nos tienen en cuenta", critica. Lucía Germani ha informado a este periódico de que el próximo 5 de febrero comparecerán ante el juez los fundadores de la cadena de clínicas, Vicente Castañer Blanco y Antonio Javier García Pellicer.

Por su parte, Mery Alves, portavoz de las familias aragonesas afectadas, anuncia que están estudiando tomar medidas contra la DGA habida cuenta de que se sienten “humillados, de nuevo” por las autoridades. “No se nos informa, no se nos tiene en cuenta, falta comunicación con la administración y nos están llevando al límite”, afirma Alves, quien critica que tratan de hablar “con Sanidad y Consumo” pero nadie les contesta, “y Javier Lambán mucho menos”. “Queremos soluciones y no vamos a parar hasta que nos las den”, añade.

Critica la falta de transparencia del Gobierno de Aragón, pero también su "falta de empatía”. “Estamos hablando de personas que llevan meses sin comer nada sólido, con depresión, con vergüenza de su aspecto, sin salir a la calle. Dentro de unos meses hay elecciones, y nosostros votamos. Ya veremos el resultado”, concluye.