Un trato nada equitativo

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez deja a Aragón como la comunidad con menor incremento de las transferencias de fondos por financiación autonómica, lo que se suma al descuido de las infraestructuras aragonesas en el capítulo de inversiones, marcando una situación injusta que no se comparece con el compromiso de luchar contra la despoblación ni con el trato equitativo que deben recibir todos los españoles.

En función de lo previsto en el proyecto -y aunque podrían producirse variaciones a lo largo del ejercicio-, el Gobierno de Aragón recibiría del Estado en 2019 3.675 millones de euros como aportación del sistema de financiación autonómica, lo que supone un aumento del 4,1% respecto a 2018, cuando el incremento medio se situaría en el 6,4% y los fondos destinados a Cataluña crecerían en un 8,1%. Se da la circunstancia de que entre las comunidades que reciben menores incrementos están también Asturias, Galicia y Castilla y León, con las que Aragón formó un frente común para promover una financiación autonómica que atendiese las necesidades de las zonas de población más dispersa y envejecida. La respuesta del Gobierno parece haber sido la contraria: en lugar de mejorar su posición en el conjunto, esas comunidades la ven empeorada. El actual sistema de financiación autonómica data de 2009 y hace ya años que debería haberse reformado, para lo cual se cuenta incluso con el informe de una comisión de expertos. Pero la debilidad de los gobiernos del Estado y la incapacidad de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos mantienen la cuestión aparcada ‘sine díe’. Los compromisos en el sentido de que se tendrían en cuenta las situaciones de dispersión y envejecimiento y de que se apoyarían las reivindicaciones de la España interior han sido múltiples por parte de todos los partidos durante estos años, pero queda claro que la intención de cumplirlos es muy escasa.