Ha presentado su renuncia como arzobispo de Zaragoza, dado que este lunes cumple 75 años.

Como dice el código de Derecho Canónico, a los obispos al cumplir los 75 años se nos ruega que presentemos al Santo Padre la renuncia al oficio episcopal. Y dice que el Papa, según las circunstancias, proveerá. No se sabe cuándo el Papa aceptará mi renuncia. Pero la presentación de la renuncia no es un cese automático. Sigo siendo arzobispo con todos los derechos y deberes.

¿Fue fácil su llegada a Zaragoza, con la apresurada renuncia de su antecesor?

Cuando el Santo Padre me propuso la venida aquí a Zaragoza no conocía la situación ni las circunstancias del cese de mi antecesor, don Manuel Ureña. Por tanto vine con la mirada limpia.

En aquel momento había polémica con el caso del párroco de Épila (un supuesto acoso sexual a un diácono). ¿En qué quedó aquella investigación?

El párroco de Épila estaba cedido temporalmente de su diócesis, que es la de Alcalá de Henares. Había cumplido el tiempo por el que fue enviado y creí que lo más conveniente es que volviera a su diócesis. La Santa Sede ha tomado una decisión. Ha pedido la reducción a estado laical, es decir, dejar de ser sacerdote. Y ahora está en la situación de un fiel laico.

¿Aquella situación fue dura para la Iglesia?

Fue dura por la repercusión mediática. Estos hechos, aunque no son frecuentes, hay que afrontarlos con realismo, con verdad, con humildad y normalidad.

Aragón tiene problemas de despoblación y envejecimiento. En esta situación, ¿se puede garantizar la labor pastoral?

La diócesis tiene posibilidades, fortalezas, oportunidades, porque tiene casi un millón de habitantes. Sin embargo, tenemos algunas zonas rurales, como Daroca, Campo Romanos… No es posible garantizar en todas las parroquias pequeñas la presencia del sacerdote. Pero con la ayuda de laicos, consagrados y religiosos, hay una presencia de la Iglesia sobre todo los domingos y en los momentos de ayuda pastoral y de otras necesidades. Todavía no hay problemas de atención pastoral. En el resto de las diócesis de Aragón, el problema es mucho más agudo y preocupante.

¿Y las vocaciones?

Ha habido un repunte. En los cuatro años que yo llevo al frente de la archidiócesis he ordenado a 17 sacerdotes. Hay dos que están esperando para ser diáconos y próximamente sacerdotes. Y ahora tenemos veintitantos seminaristas mayores y cinco seminaristas menores, que son una promesa, una garantía y una esperanza fundada para el futuro.

Ha habido tensión con la DGA por los conciertos educativos. ¿La libertad de elección está garantizada en Aragón?

La libertad de elección no está garantizada suficientemente. La administración pone trabas y dificultades para que puedan matricularse en centros concertados. La escuela concertada es también pública y tiene derecho a existir. Con los conciertos, la Iglesia y los que no sean Iglesia tienen el derecho a escoger el modelo de cultura y enseñanza de acuerdo con sus convicciones, amparados en el artículo 27 de la Constitución.

También se han reducido las horas de Religión.

Supone no respetar la Constitución, los acuerdos Iglesia-Estado, que dicen que se dará la religión en las condiciones equiparables a asignaturas fundamentales. No creo que las asignaturas fundamentales tengan un desarrollo de 45 minutos a la semana. Ahí hay un atentado directo a los acuerdos Iglesia-Estado.

Pero el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno de Aragón. ¿Van a a continuar con la vía judicial?

No vamos a continuar, pero las asociaciones de padres o los profesores van a recurrir al Constitucional. Otras autonomías respetan unos horarios mayores. Aragón es una de las restrictivas. Hemos hecho todos los recursos posibles, pero la Iglesia no está para perpetuar un proceso. Hemos hecho lo que hemos podido.

La nueva ministra de Educación ha planteado que esta asignatura deje de contar para la media.

Haría falta un pacto educativo escolar, que fuera válido para muchos años, para todos los gobiernos. En ese pacto deberían tener la libertad de educación de los padres. Pero el tema que plantea la ministra va en la misma línea de conculcar la Constitución y los acuerdos Iglesia-Estado.

Su etapa no ha estado exenta de tensiones también con el Ayuntamiento de Zaragoza por el proceso judicial contra las inmatriculaciones de bienes.

La Iglesia lo ha vivido con sorpresa, porque es una reivindicación que no tiene base, ni en la historia, ni en la ley, ni en la actualidad. La Iglesia inmatricula aquellos bienes que son suyos. Nunca han sido la Seo o la Magdalena del Ayuntamiento o de la DGA. Es una batalla que obedece a ideas y prejuicios, pero no a razones, ni a la ley, ni a la historia. Ese tema está zanjado. Además hubo una consulta del Gobierno de Aragón y se le dijo desde la dirección general de Patrimonio que era propiedad indiscutible del Arzobispado de Zaragoza y que no había indicios para litigar. Si quieren litigar que lo hagan, pero perderán y lo pagaremos del dinero de todos los zaragozanos.

San Juan de los Panetes sí que está en trámites de devolución.

Esa es otra cuestión. Cuando se vio que era del Estado, lo reconocimos. Hemos establecido un convenio de colaboración, de cesión de uso por una serie de años. Si nos constara que algo que hemos inscrito no es nuestro, seríamos los primeros en revisarlo.

Durante su etapa al frente del arzobispado, han vuelto parte de los bienes de Sijena.

Es un litigio que venía ya de atrás y se ha logrado que parte de las piezas que estaban en Cataluña hayan podido volver al monasterio de Sijena. Me produce alegría. Los bienes reclaman a su dueño. Digo más. Si hubiera sido al revés, los bienes ya estarían en Cataluña. Pero hay luchar con Cataluña, que tiene mucho poder. No se han hecho las cosas bien, por haber pasado a un consorcio político y civil. La Iglesia está ahí atada para recuperar los bienes.

Siguen pendientes los de la diócesis de Barbastro-Monzón. El obispo ha acudido a la vía civil por primera vez contra Lérida por la nula ejecución de las sentencias vaticanas.

Todas las instancias de la Iglesia han dado la razón a la diócesis de Barbastro frente a la de Lérida. Pero Lérida se siente hipotecada, porque tiene los bienes dentro de un consorcio y la Generalidad se opone a que salgan de Cataluña. Al obispo de Barbastro-Monzón, después de extremar todas las medidas legales de la Iglesia y tras mucha paciencia, no le ha quedado más remedio que acudir a los tribunales civiles para que obliguen a Lérida a devolver los bienes. Me parece bien. Yo hubiera hecho lo mismo.

¿Cómo valora el papel de la Iglesia catalana en relación a este conflicto?

Creo que la diócesis tendría que salirse del consorcio, dado que los bienes están en depósito. Esos bienes volverían a la Iglesia de Lérida y tendría que entregarlos como han dicho tanto las sentencias de la Santa Sede como los tribunales civiles.

¿Pero ha actuado correctamente?

Para mí, creo que no.

Hubo polémica con la colocación de un manto de la Falange en el Pilar. ¿Cómo pudo ocurrir?

No se pretendía ningún acto de profesión política. Creo que se desorbitó. Algunos partidos quisieron sacar rédito. Me sorprende que las autoridades públicas que se han escandalizado por ese tema y no hayan levantado la voz cuando ha sido injuriada la Virgen, que es lo importante. Y se han callado o han acudido a la libertad de expresión. Utilizan una doble vara o es un escándalo farisáico. Yo lo que quiero es que la Virgen del Pilar sea foco de luz y signo de unidad de todos los aragoneses y que no la utilicemos para instrumentalizarla. La Virgen es madre de todos.