Aragón

Todos los centros educativos tienen que regular los deberes por consenso para 2020

Las familias de la enseñanza pública ven con buenos ojos la iniciativa, mientras que los padres de la concertada estudian recurrir la orden publicada por la DGA.

La DGA promueve que los centros regulen los deberes por consenso.
La DGA promueve que los centros abran un proceso participativo para regular los deberes.
Raquel Labodía.

Todos los colegios e institutos aragoneses tendrán que regular en 2020 si los alumnos de entre 6 y 16 años tienen que hacer deberes en casa, el tipo de tareas que pueden ser y cómo será su evaluación, que no calificación. Una reglamentación que debe alcanzarse por consenso de toda la comunidad educativa.

Así lo establece una orden publicada ayer por Educación de la DGA, que marca el proceso de reflexión y debate a seguir y los plazos. Para elaborar este documento se cuenta con el informe que un grupo de expertos elaboró el curso pasado y que aboga por unas labores extraescolares voluntarias, personalizadas y que no cuenten para nota.

La medida, además de reabrir la encendida controversia sobre deberes sí o no, divide a las familias de la enseñanza pública y la concertada. Fapar, la asociación de ampas de los centros públicos, aplaude la iniciativa de Educación. Mientras, Fecaparagón (Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) estudia presentar un recurso de reposición porque la orden no ha sido sometida a informe del Consejo Escolar de Aragón pese al impacto que va a tener en la comunidad educativa.

Para la puesta en marcha de este proceso, Educación establece que los centros tienen que constituir, en el seno del Consejo Escolar, una comisión de coordinación, con presencia de docentes, familias y, en el caso de secundaria, alumnado, que decidirán la manera de abordar las tareas escolares en sus respectivos establecimientos. Este órgano se encargará de planificar, redactar y aplicar el documento que se acuerde.

Durante el segundo trimestre de este curso 2018-2019, los centros tienen que poner a disposición de toda la comunidad educativa el documento redactado por un equipo de especialistas. Más tarde, durante el tercer trimestre de este año lectivo y el primero del 2019-2020, hay que fijar las reuniones informativas que sean necesarias para favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.

Con este calendario, a partir de enero de 2020, en base a las propuestas y acuerdos que figuren en las actas, la comisión de coordinación elaborará el borrador de esta regulación, para lo que puede contar con la colaboración de otros miembros del colectivo educativo. Tras su redacción, se abrirá un plazo de diez días para que puedan incorporarse nuevas aportaciones o mejoras antes de enviar al claustro y al consejo escolar el texto definitivo. El documento final tiene que incorporarse al proyecto educativo de centro antes de finalizar el curso 2019-2020.

La polémica está servida

La polémica vuelve a estar servida. Para la plataforma de familias de centros públicos, esta iniciativa es una «oportunidad» para, por una parte, «impulsar la participación de las familias en los centros fomentando la relación con los docentes» y, por otra, «alcanzar la motivación del alumnado en su proceso de aprendizaje». Para Fapar queda claro que los establecimientos educativos tienen que trabajar en el marco del documento base redactado por un grupo de expertos «que se puede adaptar a la realidad y necesidades de cada sitio, pero sin salirse de él».

Un punto de discrepancia para los padres de la concertada es la obligatoriedad o no de tener este protocolo como única referencia. Miguel Ángel Sarralde, portavoz de Fecapa, entiende que no es preceptivo atenerse al documento avalado por la DGA, cuya fiabilidad cuestiona ya que el proceso participativo para su elaboración «se cerró en falso» (con dos sesiones de trabajo en lugar de tres)? y no recoge ninguna de las aportaciones de esta organización. «Para nosotros los deberes son necesarios, aunque sea necesario cambiar la metodología», dijo.

Con este nuevo paso, Aragón se suma a las comunidades que ya regulan este tema. Sin llegar, eso sí, al extremo de la Comunidad Valenciana, en la que está vigente desde principios de este año la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia que obliga a que los escolares solo trabajen en las aulas.

Orientaciones de la DGA

- Tipos de tareas y objetivos pedagógicos. Deben despertar el interés, desarrollar la creatividad y la autonomía del alumnado.

- Adecuación al perfil del alumno. Es necesario configurar trayectorias personales.

- Programación y planificación. Coordinación con las familias y respeto a los tiempos y espacios familiares.

- Evaluación. La evaluación debe ser continua y personalizada. Solo podrán calificarse aquellos procesos cuya realización por parte del alumnado pueda ser comprobada por el profesorado.

- Iniciativa del alumno para hacer las tareas. Conseguir que los estudiantes asuman su cuota de responsabilidad. Se entiende que debe haber un grado de voluntariedad.

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