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Editorial

Ejecutar lo presupuestado

El Ministerio de Fomento no solo ha vuelto a incumplir un año más sus compromisos con Aragón, sino que ha batido su propio récord a la hora de dejar partidas de inversión sin tocar a lo largo del año pasado.

Ábalos y Lambán, frente a frente en el centro de la mesa, en la reunión de la semana pasada en el Pignatelli.José Miguel Marco

El Ministerio de Fomento dejó de invertir el año pasado 160 millones de euros en Aragón, casi el 40% de lo presupuestado. Los errores en las previsiones se dan por descontados, pero no debe asumirse que, año tras año, el Gobierno de turno deje de ejecutar sus compromisos. La Comunidad está demasiado necesitada de infraestructuras como para permitir que se olviden de realizar.

Aragón no tiene tanto un problema de falta de promesas en inversiones como de ejecución de esas promesas, incluso de las que figuran específicamente en los Presupuestos del Estado. De hecho, este año que acabamos de cerrar, Fomento ha batido su propio récord a la hora de dejar partidas de inversión sin tocar: de todo el dinero que debía destinar a la Comunidad, 404,6 millones, no se han llegado a gastar 160 millones presupuestados para impulsar infraestructuras muy demandadas. De esta forma, al ministro de turno le resulta sencillo venir a Zaragoza, como hizo José Luis Ábalos la semana pasada, para anunciar inversiones que ya estuvieron incluidas en anteriores Presupuestos, pero que nunca se ejecutaron y que nadie sabe si se harán este año. Así ocurre, por ejemplo, con el compromiso de licitar del desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo y Fuentes de Ebro, un proyecto que ya dispuso de una partida en las cuentas de 2018.

Los hechos demuestran que la ejecución del Presupuesto está condicionada por los vicios adquiridos en su elaboración y aprobación. La ley de las cuentas del Estado ha perdido en buena medida su condición de mandato del Legislativo al Ejecutivo, y este no se ve constreñido excesivamente por el documento. Si existe alguna limitación para los ministerios, estas provienen de los compromisos adquiridos por el propio Gobierno, pero no del Parlamento. Sin embargo, no se debe legitimar este abuso en la discrecionalidad que penaliza a unas Comunidades más que a otras.





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