Varios pisos tutelados por la DGA que acogen a menores extranjeros no acompañados sufren problemas de convivencia. Aragón, como el resto de Comunidades, tiene que asegurar el funcionamiento de un buen sistema de protección de estos jóvenes. Al Gobierno de España y a la UE les corresponde acabar con la inmigración ilegal y organizar flujos legales de migración.

El Justicia de Aragón ha abierto un expediente para conocer cuáles son los problemas de convivencia que existen en los pisos tutelados por la DGA que acogen menores extranjeros no acompañados. Ángel Dolado ha recordado con sentido que el proyecto de modificación de la ley de infancia de Aragón recoge que estos menores extranjeros tienen derecho a servicios y prestaciones en las mismas condiciones que los aragoneses y tienen como objetivo lograr su plena integración mientras permanezcan en la región.

Todos los menores deben ser una prioridad de una sociedad avanzada como la nuestra y especialmente los de origen extranjero por su mayor vulnerabilidad. Nuestro sistema de protección debe ofrecerles, primero, una formación que les permita ganarse la vida y, segundo, un acompañamiento hasta la mayoría de edad para evitar que caigan en la marginalidad o la delincuencia. La DGA tiene la obligación de garantizarles cobijo tutelado, sustento y educación, a la espera que los juzgados especializados decidan sobre su destino final. Ahora bien, de forma previa, es obligación del Gobierno del país y de la Unión Europea defender las fronteras y hacerlo conforme a la legislación y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, hay que negociar y ejecutar acuerdos con los países de origen (especialmente Marruecos) que permitan la repatriación, en condiciones tuteladas por el sistema judicial, de aquellos menores que sean identificados y puedan ser devueltos con garantías de que no caerán en el desamparo.