La elevación de aguas del Ebro a Andorra se estanca en la tramitación administrativa
Ni el Ministerio de Teresa Ribera ni el Gobierno aragonés facilitan el proyecto porque dicen que "no es definitivo".
La segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra, el gran proyecto que el Estado comprometió en la última comisión bilateral con la DGA para limitar el impacto del cierre de la central térmica de Andorra en las cuencas mineras, tardará años en poder garantizar el suministro de agua de boca, agroalimentario e industrial en la zona. Esta actuación, que está presupuestada en unos 22 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 18 meses, debe obtener aún la declaración de "obra de interés general", según informaron desde el Ministerio de Transición Ecológica. Cuando la obtenga, el proyecto, "que aún no es definitivo", requerirá el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro antes de ser transferido a Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) para que inicie los trabajos.
No quiso concretar los plazos de las obras la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, cuando anunció el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsarlas. Aunque aseguró que el Ejecutivo central accedía a la petición del Gobierno aragonés para mostrar su "compromiso firme" con las cuencas mineras, la indefinición dejaba en el aire la única promesa factible del Estado que salió de la última reunión bilateral. Era toda una premonición de lo que se conoce ahora. Tal es así que unos días después el diputado de Cs por Zaragoza en el Congreso, Rodrigo Gómez, tuvo que presentar una batería de preguntas en la Cámara, aún sin respuesta, en la que requería que el Estado concretara cuándo tiene previsto proceder a la licitación del proyecto.
La tramitación administrativa se prevé larga, y ya es imposible que la conducción de aguas esté lista cuando en junio de 2020 cierre sus puertas la térmica de Andorra, de la que dependen 4.000 empleos directos e indirectos. Desde Transición Ecológica indican que "la actuación no está declarada de interés general de la nación, por lo que lo primero para poder proceder a su licitación por parte del Estado es obtenerla". No compartía esta opinión el Gobierno de Aragón que, tras la bilateral de noviembre, aseguró que se trataba de una actuación que era de "interés general" al estar incluida en el convenio suscrito el 8 de abril de 2008 con el Ministerio de Medio Ambiente. Este acuerdo caducó y la DGA renunció a ejecutar la segunda fase de las obras en 2013.
Cuando se aclare si es preciso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a declarar esta actuación "de interés general de la nación", la Confederación Hidrográfica del Ebro deberá realizar la "confrontación de la tramitación realizada por la Comunidad". El proyecto también requerirá, según Transición Ecológica, que se lleve a cabo una evaluación ambiental antes de que se asigne su ejecución a Acuaes, que será la encargada de ejecutar las obras.
Sin proyecto definitivo
La segunda fase de las obras servirá para completar los doce kilómetros de tubería hasta la balsa de Piogordo (Alloza), el punto más alto de la zona, desde el que bajará el agua por su propio peso a Alloza, Alcorisa, Ariño y Andorra. También incluirá un sistema de suministro a Albalate desde la Val de Arcos, las estaciones de bombeo y la instalación de la línea eléctrica. Pero ni desde Transición Ecológica ni desde el Gobierno aragonés quieren dar a conocer el contenido concreto del proyecto porque, según dicen ahora, "no es definitivo". Esto supone una traba más a una actuación en la que confía el presidente Javier Lambán para captar nuevas empresas para las cuencas mineras y limitar los daños del cierre de la térmica.
Y hasta que no se ejecute esta segunda fase, la primera, que se completó en 2012 tras una inversión de 27 millones de euros a cargo de los Fondos Miner, resultará tan inútil como lo ha sido hasta ahora. Es una situación que el PSOE conoce bien, pues su diputado por Teruel, Ignacio Urquizu, impulsó en el Congreso una proposición no de ley en marzo de 2017 para instar al Gobierno a que licitara e iniciara "con la mayor celeridad posible" la ejecución material de la segunda fase de las obras.
A finales de 2017, fue el diputado de Cs Rodrigo Gómez el que insistió en la misma cuestión, en su caso, a través de una pregunta parlamentaria a la que el Gobierno central contestó en términos similares a los que expresa ahora. El Ejecutivo de Rajoy recordaba en aquella contestación cómo en 2013, cuando la obra no se había ejecutado, se acordó suprimirla de la prórroga del convenio firmado en 2008 entre la DGA y Medio Ambiente. Sí se accedió, a modo de compensación, a que el Instituto Aragonés del Agua licitara los estudios previos y un nuevo proyecto constructivo.
El presupuesto de esta obra, de la que se beneficiarán Andorra, Albalate del Arzobispo, Ariño, Alcorisa y Alloza, se redujo en trece millones de euros, de los 35 millones iniciales a los 22 actuales, que se iban a financiar con cargo al capítulo VI del presupuesto, destinado a inversiones. En 2016 el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, aseguró que, a pesar de la notable rebaja, se iba a mantener la calidad técnica porque el presupuesto inicial estaba sobredimensionado.
El proyecto actual fue remitido a Medio Ambiente en febrero de 2017 y se intensificaron, sin éxito, las peticiones de los alcaldes de Andorra-Sierra de Arcos para que el Gobierno lo llevara a cabo. Ahora hay compromiso para hacerlo, pero siguen sin concretar cuándo.
La situación resulta más sangrante si se tiene en cuenta que la elevación de aguas del Ebro a Andorra es la única actuación que el Gobierno de Sánchez ha comprometido hasta ahora para limitar el impacto del cierre de la central térmica en las cuencas mineras. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defensora de la descarbonización, se ha limitado a asegurar que no autorizará el cierre de la térmica si Endesa no presenta un plan de inversión, pero no ha avanzado absolutamente nada del tipo de ayudas que tiene previsto aportar el Gobierno.
