CHA pide que este año se logre por ley la compensación por los saltos hidroeléctricos

La ministra de Transición Ecológica reconoció la necesidad de emprender cambios legislativos.

Salto de El Grado.
Los tribunales obligan a las eléctricas a entregar al Estado el 25% de la energía de los saltos
J.B

El secretario territorial de CHA-Altoaragón, Joaquín Palacín, ha mostrado su deseo de que este año 2019 sea por fin en el que se apruebe por ley la compensación por los saltos hidroeléctricos a las zonas afectadas.

En una nota de prensa, Palacín recuerda que hace décadas que los municipios aragoneses, especialmente en el Pirineo, soportan la servidumbre del uso del territorio y los recursos "sin ninguna compensación digna" y por eso asegura que es hora de "revertir esta situación, aunar voluntades y demandar la aprobación, este mismo año, de una normativa que permita nuevas oportunidades a estas comarcas”.

Por eso, desde CHA piden a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, que "dé un paso más" y aproveche el anuncio efectuado durante su comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, el pasado mes de octubre, donde reconoció la necesidad de emprender cambios legislativos.

Aseguró, según Palacín, que las condiciones actuales no son “las mismas” que en los momentos de concesión y que habría que establecer un nuevo marco jurídico donde se reconozca la necesidad de fijar, por ley, medidas para paliar las afecciones soportadas durante décadas en las zonas afectadas por los saltos hidroeléctricos.

"La energía generada por los saltos hidroeléctricos es una fuente de riqueza que también debe repercutir en el lugar donde se genera por una necesaria cuestión de justicia territorial y de restitución económica y social con los lugares afectados", asegura Palacín.

De este modo, fruto de los acuerdos políticos entre Compromís y Chunta Aragonesista, el senador Carles Mulet presentará varias preguntas en la Cámara Alta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar una normativa que asegure la reversión pública de los saltos hidroeléctricos para los territorios afectados, una vez caduquen las concesiones actuales, y sobre la necesaria y justa compensación económica y social para las zonas afectadas.

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