Las Cortes vuelven a ampliar el plazo de entrega del informe de la comisión de depuración
Los grupos políticos dispondrán de dos meses más para alcanzar un acuerdo y pactar un documento de mínimos.
La Mesa de las Cortes acordó este miércoles ampliar al 28 de febrero la fecha límite para que los grupos parlamentarios acuerden el dictamen de la comisión de investigación que constituyeron hace meses para depurar responsabilidades políticas sobre el antiguo plan de depuración del Pirineo. La falta de consenso ha hecho que el plazo, que inicialmente estaba previsto para el 31 de octubre, se tenga que prorrogar una vez más. Y tampoco hay garantías de que este nuevo retraso garantice que concluya en el nuevo plazo fijado, ya que las posiciones de los grupos siguen alejadas.
También se ha retrasado al 28 de febrero el informe que debe redactar la comisión parlamentaria que se constituyó para analizar la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Al mismo tiempo que se registraban las comparecencias, y en plena batalla con Podemos por el polémico tributo, el PSOE-Aragón esbozó públicamente la propuesta que quería negociar con los partidos, y que iba a permitir rebajar el 97% de los recibos, mientras que solo el 3% restante, el que corresponde a los de mayor consumo, se verían perjudicados porque se les subirá el importe.
La negociación entre los partidos para reformar el ICA tendrá que esperar, además, a las conclusiones de la comisión de estudio del tributo, que deben estar listas antes del 28 de febrero. Tampoco está claro si la reforma, una vez pactada, se aplicará través de la aprobación de una proposición de ley del PSOE o si se tramitará como un proyecto de ley del Gobierno.
La oficina anticorrupción
Tampoco hay acuerdo entre los grupos políticos sobre la oficina anticorrupción, que es prácticamente imposible que entre en funcionamiento en lo que queda de legislatura. Y el problema no reside en los 725.900 euros que costaría acondicionar su sede en un antiguo concesionario frente al palacio de la Aljafería. Lo más difícil será que los grupos políticos se pongan de acuerdo para decidir quién dirigirá esta oficina pues su nombramiento requiere la aprobación de tres quintos de los parlamentarios en el pleno de las Cortes.
El portavoz del PSOE, Javier Sada, asegura que en su partido siempre están "abiertos a la negociación". Pero recuerda que debe ser consensuado entre todos los grupos y, si se llega a ese consenso, "debería nombrarse lo más pronto posible".
Más difícil ven en el Partido Popular que se pueda llegar a acuerdos. Reconocen que algo se ha hablado del tema, pero sin demasiadas concreciones.
Desde la presidencia de las Cortes aseguran que en el anteproyecto del presupuesto de la Cámara se ha incluido el coste de personal que implicaría su puesta en marcha.
