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Aragón

El futuro de Andorra, en el aire

El MInisterio se niega a retrasar el cierre de la central térmica y por ahora no ofrece alternativas concretas.

La central térmica de Andorra.
La central térmica de Andorra.
Antonio García / Bykofoto

La reunión entre la ministra para la Transición Energética y los presidentes de Aragón, Asturias y Castilla y León sobre las centrales térmicas de Endesa resultó ayer decepcionante. El Ministerio descarta retrasar el cierre, lo que daría más tiempo para tomar medidas de reconversión. El Gobierno no debe olvidar que es el responsable, junto a los ejecutivos autonómicos, de poner las bases para que el abandono del carbón no suponga un mazazo en las comarcas afectadas.

Después de la reunión de ayer en Madrid, el futuro de la comarca de Andorra continúa en el aire, sin que se vislumbren medidas que permitan encararlo con un mínimo de confianza. El Ministerio se niega a cualquier posibilidad de retrasar el cierre más allá de 2020, lo que sería posible si Endesa acometiese las inversiones necesarias para ello y permitiría planificar una transición que debería haberse acometido hace largo tiempo, pero que hoy dista mucho de estar preparada. Tampoco presentó la ministra medidas concretas para paliar los efectos que la desaparición de la central tendrá en toda la comarca de Andorra -y en el conjunto de la provincia de Teruel-, más allá de asegurar que trabaja en la generación de nuevas oportunidades en los territorios afectados. Pero sin presupuestos destinados a ello, que se desconocen, parece muy difícil improvisar una verdadera reconversión económica. Como señaló de nuevo ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, el plan de acompañamiento presentado por Endesa no cumple los requisitos para una transición justa, condición marcada por el propio Ministerio para autorizar el cierre. En todo caso, son el Gobierno central y los autonómicos quienes tienen que poner las condiciones para que las comarcas mineras no se hundan. Y por ahora da la impresión de que están muy lejos del grado de compromiso político que sería necesario para que, efectivamente, la transición energética se lleve a cabo de manera equitativa y no deje a nadie atrás.

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