Polémica por las amenazas a tres trabajadores del centro de servicios sociales

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón ha mostrado su apoyo a tres trabajadores del centro de servicios sociales de la comarca del Bajo Aragón-Caspe que recibieron graves amenazas de un vecino mientras desempeñaban su labor y a los que la entidad comarcal no ha prestado asistencia jurídica a la hora de denunciar los hechos.

Mientras, el presidente de la entidad, Francisco Domenech, explicó que las amenazas, incluso de muerte, por parte de este hombre fueron «una reacción del primer día» que no se ha vuelto a repetir. Asimismo, comentó que él prohibió a los trabajadores que emprendieran acciones judiciales en nombre de la comarca si no se seguía el procedimiento que pasa por un acuerdo de la junta de gobierno.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre, cuando desde el área de protección de la infancia de la DGA decidieron retirar la custodia de los hijos a este habitante de Caspe. El progenitor intimidó a las tres personas que en ese momento se encontraban en el edificio comarcal y les dirigió un gesto como que les iba a cortar el cuello. Los tres funcionarios decidieron llamar a la Guardia Civil para dar a conocer los hechos y solicitar posibles medidas de protección. El juzgado de Caspe decretó una orden de protección ante el denunciado y las víctimas han proseguido las acciones judiciales a título personal.

El Colegio de Trabajo Social de Aragón rechaza cualquier acto de violencia hacia los trabajadores públicos en el contexto laboral y reprocha la falta de apoyo institucional a estos tres profesionales que, asegura, tienen «derecho a la asistencia y defensa jurídica en base a los hechos que acontecieron».

Este derecho, recuerda este colectivo, se fundamenta no solo en el propio convenio laboral de la entidad, si no en la ley 9/2013 del 29 de noviembre de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Públicos de Aragón que lo recoge en su artículo 9. Por ello ha solicitado a la institución comarcal el cumplimiento de esta normativa en lo relativo a la protección, asistencia y defensa jurídica de los empleados. El PP también denunció en su día la actitud de la entidad comarcal.

Por su parte, el presidente de la comarca lamentó ayer que los «comunicados corporativos» no ayudan a «calmar los ánimos» ni a «imponer el sentido de la justicia en la sociedad».