Aragón

Más de 3.000 familias en lista de espera para una vivienda social en Aragón

Tienen precios entre 40 y 260 euros al mes de alquiler. Varias entidades sociales advierten de que el parque público de vivienda es insuficiente.

Viviendas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza en el barrio del Actur.
P. F.

Para muchas familias, pagar 300 o 400 euros de alquiler (lo que cuestan los más baratos que se encuentran en Zaragoza) es una cantidad astronómica, inalcanzable. Para estas personas la solución son las viviendas sociales de alquiler. Pero la disponibilidad de viviendas públicas es claramente insuficiente para la demanda. Más de 3.000 familias están en lista de espera para una vivienda social en Aragón, contando la bolsa del Ayuntamiento de Zaragoza (la más numerosa) y la de la DGA.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene 2.303 viviendas de alquiler social (la inmensa mayoría en uso, salvo un pequeño porcentaje que se reserva para casos de emergencia), y una lista de espera de 2.800 personas o familias. En los últimos tres años se han adjudicado 700 viviendas gracias al crecimiento del parque público.

Zaragoza Vivienda gestiona en total unas 2.500 viviendas, de las que el 93% son de alquiler social. "Hemos incrementado un 50% en esta legislatura el número de pisos de alquiler social, pero sigue siendo insuficiente -reconoce el concejal de Vivienda, Pablo Híjar-. A través del programa 'Alegra tu vivienda' hemos conseguido captar más de 400 pisos para la bolsa de alquiler social. Hacemos todo lo que podemos, pero haría falta mayor implicación de todas las administraciones", señala. Otra vía que maneja el Ayuntamiento para aumentar el parque de vivienda pública es comprar pisos o edificios a particulares y bancos. Ahora está negociando con Bantierra la compra de un edificio en el barrio Oliver en el que viven 12 familias okupas desde hace cinco años.

Por su parte, el Gobierno de Aragón tiene 816 viviendas sociales: 385 propias y 431 cedidas por particulares para su uso social. En su bolsa hay 1.185 familias en lista de espera, aunque hay muchos más expedientes que están en estudio.

Los precios de estos alquileres sociales oscilan entre los 40 y los 260 euros mensuales, en función de los ingresos y otros puntos, como los metros cuadrados de la vivienda o la antigüedad del contrato. Las familias pueden estar apuntadas en ambos registros, aunque el Gobierno de Aragón está trabajando en la creación de una bolsa única de vivienda social para evitar duplicidades.

Los requisitos son similares con algunas diferencias. Los solicitantes de una vivienda social deben estar empadronados en Zaragoza (para la bolsa municipal) u otra localidad aragonesa (para la autonómica). No pueden poseer una vivienda en propiedad. Y deben cumplir unos requisitos económicos: que los ingresos familiares no superen 1,5 veces el IPREM en el el caso del Gobierno de Aragón (menos de 9.750 euros anuales) y 2,5 veces en el caso de la bolsa del Ayuntamiento de Zaragoza (unos 16.250 euros anuales).

Tener trabajo no garantiza poder pagar un alquiler

"El parque de vivienda pública es claramente muy insuficiente. Hay gente que lleva varios años en lista de espera. Muchos van pagando los alquileres como pueden, otros tienen que dejar de pagar y otros ocupan viviendas como última solución. Los precios de los alquileres han subido mucho en Zaragoza en los últimos años. Pero el problema no es solo la cuota mensual. Les piden contrato de trabajo fijo, varios meses de entrada y más condiciones. Hay mucha gente que tiene trabajo, pero no puede alquilar. Son personas con trabajos esporádicos y sueldos bajos", afirma Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios Zaragoza.

Como Casandra Fernández y su familia. Ella tiene un trabajo de camarera, con contrato indefinido pero pocas horas, por el que gana 400 euros al mes. Su marido está en el paro y tienen cuatro hijos. "Estoy muy contenta con mi trabajo, pero el sueldo no nos llegar para alquilar un piso. Estamos en lista de espera para una vivienda social. No nos quedó otro remedio que okupar un piso. No nos gusta vivir así, pero ahora no tenemos otra solución", afirma.

"La vivienda es un derecho constitucional y se está vulnerando el derecho de mucha gente. Hay muchas familias, con trabajos temporales o viviendo de ayudas sociales, que no pueden asumir el coste de un alquiler en el mercado libre. Pedimos que haya viviendas sociales suficientes para atenderlos", reclama Noé Bautista, portavoz de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza.

"Gano menos con una nómina que lo que ganaba antes con el IAI y otras ayudas sociales. Pero prefiero trabajar, sin duda", apunta Aurora Tetler, vecina de Zaragoza que trabaja desde hace año y medio en una empresa de auxiliar de geriatría y gana entre 500 y 600 euros al mes. Se ha planteado solicitar una vivienda social, aunque reconoce que ella ha tenido "suerte". "Vivo en un piso de alquiler en el Casco Histórico y solo pago 276 euros al mes. Es pequeño y no tenía muebles, pero es casi imposible encontrar precios así", reflexiona.

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