La línea de ayudas del Gobierno de Aragón para combatir la despoblación solo van a llegar a un tercio de los municipios que las han solicitado y los beneficiarios tendrán ahora siete días para justificarlas. La resolución se publica este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y ha generado un aluvión de críticas de los alcaldes, que avisan de que tan exiguo plazo les obligará en algunos casos a renunciar y en otros a presentar facturas sin haber terminado los trabajos para no perder la subvención.

La realidad es que la Consejería de Vertebración del Territorio recibió una auténtica avalancha de solicitudes de iniciativas y proyectos desde que se publicó la convocatoria el pasado 27 de agosto, concretamente 770, por parte de 293 municipios, a los que se sumaron 26 comarcas. Sin embargo, la partida autonómica se ha limitado a 2,5 millones de euros, por lo que solo se ha podido atender menos de una cuarta parte de las propuestas (176) registradas por un tercio de las localidades y comarcas que optaban (98 y 10, respectivamente).

La convocatoria especificaba que las ayudas servirían para financiar actuaciones acometidas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, pero este lunes se tuvo que ampliar el plazo hasta el próximo día 21 porque la resolución no se iba a publicar hasta este viernes. La pretensión oficial era publicar la lista de beneficiarios en noviembre, pero la conjunción de un elevado número de expedientes, la subsanación de errores y poco personal complicó la ya larga de por sí tramitación administrativa, como explicó el director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín (CHA).

Este alto cargo de la DGA especificó que las bases eran públicas y aclaró que se llamó al 95% de los alcaldes con antelación para comunicarles la concesión de las ayudas para ganar tiempo. "Ojalá hubiéramos podido concederlas antes y con más dinero", dijo.

La convocatoria inicial estaba dotada únicamente con 850.000 euros, pero hace un mes se amplió con 1.650.000 euros del mismo Fondo de Cohesión Territorial que se había reservado para una convocatoria similar para empresas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que no se llegó a convocar.

Aunque los alcaldes reconocen que la DGA, al fin, ha decidido fijarse en los pequeños municipios y lanzar por primera vez una línea específica de ayudas contra la despoblación, cuestionan los tiempos de la tramitación, que les pone al borde de la renuncia. Es el caso de la alcaldesa de Bordón, Esther Medina (PAR), quien manifestó que solo pudieron comenzar la rehabilitación de dos viviendas hace unos días, cuando les adelantaron que iban a contar con 25.000 euros. "Somos un Ayuntamiento pequeño y no tenemos capacidad para afrontar el gasto en solitario. Espero poder justificar al menos una parte de la ayuda con el material", lamentó.

El alcalde de Peraltilla, José Pedro Sierra (PP), apuntó que hasta que hace dos días le comunicaron la concesión no pudo poner en marcha la contratación. En su caso, confía en llegar a tiempo porque solo requiere equipar un edificio para ‘coworking’. "Los secretarios están cabreadísimos porque se les pone en el límite de la legalidad con solo siete días para justificar. Así no se pueden hacer las cosas. La intención me parece buena, pero el procedimiento ha sido nefasto", sentenció.

El que sí cobrará seguro es el Ayuntamiento de Grañén, que optó con la climatización de su Casa de la Música. "Lo íbamos hacer con fondos propios, por lo que empezamos con tiempo, pero de haber dependido del dinero de la DGA no podríamos justificar la subvención, como en el caso de la reforma del centro de la Tercera Edad, que no nos han concedido", dijo su alcalde, Carlos Sampériz (PP), también muy crítico.

Este es el caso de Sabiñánigo, que renunciará a la rehabilitación de la antigua cárcel del núcleo de Acumuer como centro cultural, aunque para otros dos proyectos para los que sí pudo adelantar financiación municipal podrá presentar las facturas y beneficiarse de la subvención. "Deberíamos preocuparnos de que los trámites fueran sencillos, porque si no las ayudas no son efectivas", opinó la alcaldesa, Berta Fernández (PSOE).

Su homólogo de Castillonroy, Francisco Roy (PSOE), no podía ocultar su decepción porque se ve obligado a renunciar a los 24.985 euros que le han concedido para la rehabilitación de una vivienda municipal. "Con la Diputación de Huesca no tenemos problemas, pero la gestión de la DGA ha sido un desastre", apuntó antes de mostrar su malestar por el hecho de que paralizara los trámites cuando hace dos semanas le dijeron inicialmente que solo disponía de 2.000 euros.

El alcalde de Oseja, Francisco Javier Lorente (PAR), señaló que ya le han emitido las facturas de la red wifi municipal y podrá cobrar, pero consideró una "incoherencia" que los municipios se hayan visto obligados a "lanzarse a la piscina" sin saber si iban a percibir las ayudas para poder justificarlas. "Es una barbaridad para municipios pequeños", opinó.