Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, salvo PSOE y CHA, advirtieron este martes al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, de las severas consecuencias de prorrogar las cuentas autonómicas a partir del próximo 1 de enero. Sin distinguir de colores políticos, subrayaron que se deberán acometer más recortes a lo largo de 2019, además de quedar congeladas las ya de por sí exiguas inversiones y el gasto social del que ha hecho bandera la coalición PSOE-CHA liderada por Lambán.

La comparecencia de Gimeno para informar sobre la situación económica financiera de Aragón derivó en un frente común a la hora de responsabilizar al PSOE del bloqueo presupuestario. El consejero de Hacienda ni se inmutó y llegó a replicar que la prórroga presupuestaria "no perjudicará a los ciudadanos", sin aportar el mínimo dato más allá de apuntar que se tomarán las "medidas necesarias".

Para restarle importancia, señaló que los compromisos de inversión ya están en marcha para el año que viene con el gasto anticipado, hasta un 79% de la partida de este año, y aludió a que estarán previstas "muchas convocatorias y otros trámites", sin aclarar nada.

Fernando Gimeno confió en que el Gobierno central apruebe por decreto ley la subida salarial pactada para los funcionarios en 2019 para afrontar su costes. Eso sí, tuvo que admitir que tendrá un problema para abonar el incremento adicional del 0,2% pactado con los sindicatos en Aragón.

El diputado popular Antonio Suárez responsabilizó de la situación al Gobierno y no a Podemos y reclamó sin éxito a Gimeno que explicará qué están haciendo el Ejecutivo "de verdad" para que haya presupuestos. Además, sacó a colación los informes de la Intervención para criticar el riesgo de incumplimiento de déficit, que el consejero volvió a negar.

El diputado de Podemos Héctor Vicente aseveró que una prórroga traerá recortes y recriminó a la DGA que no haya hecho "el mínimo gesto" para llegar a un acuerdo. A su juicio, todo es fruto del "bandazo a la derecha" del PSOE, que llevó en septiembre a pactar con la derecha la reforma de Sucesiones.

A las críticas también se sumaron Elena Allué (PAR), quien aludió a los más de 200 millones de gasto que quedarán bloqueados con la prórroga, y Javier Martínez (Cs), quien dijo que con ella se abrirá el periodo electoral "en el que el PSOE va a poder hacer lo que le da la gana". Mientras, el portavoz de CHA, Gregorio Briz, cerró filas y echó en cara al PP que cuestione la situación financiera de la DGA cuando dejó en herencia un déficit del 2%y 600 millones en facturas sin pagar.