Las instituciones agilizarán ahora la atención en desahucios para ofrecer una vivienda social

El Consejo de Gobierno de la DGA dio este lunes su visto bueno a a la firma de un nuevo convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (Famcp) para agilizar la atención de los afectados por desahucios, de modo que entre todo se puedan atender con antelación los casos y se les pueda dar una vivienda social.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, explicó que con el nuevo acuerdo, que sustituirá al vigente desde 2013, se quiere acelerar la maquinaria burocrática, de modo que sea más rápida la detección de los supuestos de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social nada más comunique un desahucio el CPGPJ a las instituciones.

De este modo, los trabajadores sociales podrán valorar los casos con antelación y determinar si pueden acceder a los programas de vivienda social, "en la medida de lo posible sin solución de continuidad a la fecha de lanzamiento". La medida pretende beneficiar tanto a los afectados por ejecuciones hipotecarias como a los que deban abandonar su vivienda de alquiler por impago.

En concreto, la memoria del convenio prevé que la valoración de los casos por parte del personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se comunique con al menos tres semanas de antelación para que los casos puedan ser incluidos en los programas de vivienda social con los que cuentan las instituciones.

La Federación de Municipios, por su parte, facilitará al CGPJ y a los juzgados toda la información sobre el funcionamiento y recursos de los programas de asistencia social de los ayuntamientos.

Esto supone un pasó más en la pretensión de garantizar un techo por parte de la DGA, que impulsa un proyecto de ley de vivienda por la que cualquier residente en Aragón podrá exigir a la Administración un piso de alquiler o una prestación que le permita el acceso, además de garantizar que nadie pierda el suyo si sufre una situación de vulnerabilidad.

Récord de casos en la capital

La Oficina Municipal de la Vivienda de Zaragoza ha atendido a lo largo de este año 174 casos de mediación por desalojos derivados del impago del alquiler, aunque la previsión era acabar el año con un volumen aproximado de 230 expedientes. Estos son un parte de los desahucios que se registran en la capital aragonesa, ya que en los tribunales se tramitaron, solo en el primer semestre del año, 535 procesos, casi un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. Según la proyección del equipo de gobierno de Zaragoza en Común, se rozarán el millar de casos al finalizar el ejercicio, un nuevo récord en la ciudad.