Funcionario y trabajo para toda la vida son dos conceptos que suelen ir de la mano. Nada más lejos de la realidad: aunque son pocos casos, casi anecdóticos, en ocasiones las personas con una plaza en la administración pública dejan de estar ligada a ella. Hay al menos cuatro formas de perder la condición de funcionario público: por jubilación (la más común), renuncia al puesto, sanción administrativa y condena judicial firme que recoja explícitamente la inhabilitación para empleo o cargo público.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica todos los nombramientos de funcionarios… y también da cuenta de todos los ceses. Por ello es posible conocer cuántas personas han dejado de ejercer en el sector público en los últimos años. La Fundación Civio ha escrutado el BOE con el objetivo de saber cuántas empleados públicos han sido retirados de su plaza y ha podido establecer que, a nivel nacional, más de medio millar de personas han dejado de ser funcionarios en las últimas dos décadas.

De estas 524 pérdidas de condición de funcionario, al menos nueve están relacionadas con Aragón. En todos los casos, los ceses se han producido después de sentencias condenatorias que han adquirido firmeza. La casuística es variada: desde malversación de caudales hasta infidelidad en la custodia de documentos pasando por delitos de asesinato y abusos a menores.

Las primeras referencias de ceses en Aragón se remontan a 1995. Ese año, el Boletín Oficial del Estado publicó tres inhabilitaciones. Una de ellas fue la del maestro José Antonio Gascón, quien trabajaba en la escuela de Valdealgorfa (Teruel) y fue condenado por la Audiencia Provincial de Teruel (un fallo confirmado después por el Tribunal Supremo) a 36 años de prisión e inhabilitación por abusar de seis alumnos.

En 1995, fueron igualmente inhabilitados dos funcionarios de correos que trabajaban en la provincia de Huesca. La Audiencia Provincial condenó a uno de ellos por malversación de caudales públicos y al otro por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos. El servicio de Correos es el tercer cuerpo de funcionarios del Estado que más expulsiones acumula a nivel nacional, 87 desde 1996, de acuerdo con los datos recabados por la Fundación Civio.

Los cuerpos de administrativos también acumulan bastantes inhabilitaciones (casi un centenar en los últimos 22 años). En Aragón, tan solo se ha registrado una baja de este tipo: en 1996, tras una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

En 2002, la Audiencia de Zaragoza condenó a dos trabajadores del INEM por relevar información confidencial de desempleados. El tribunal que los juzgó consideró probado que elaboraron listados de personas con datos confidenciales para utilizarlos después de forma fraudulenta. La pérdida de la condición de funcionarios de carrera de ambos se publicó en el BOE tres años después, porque los acusados recurrieron hasta llegar al Supremo, que rechazó la tramitación de los recursos de casación por improcedentes.

Pamies, el caso más sonado

En 2014, la Audiencia de Zaragoza condenó a un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico a nueve años de inhabilitación por cohecho. Este ha sido uno de los últimos casos de inhabilitación conocidos en la Comunidad, que son los que mayor revuelo mediático han generado. En 2013, el Tribunal Supremo condenó a un año y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años al comisario del Cuerpo Nacional de Policía Enrique Pamies, que entonces ya estaba jubilado por incapacidad permanente de su último destino profesional: Huesca.

Pamies fue condenado por el conocido caso Faisán, el chivatazo (técnicamente, un delito de descubrimiento y revelación de información obtenida a través de su cargo, que no debe ser divulgada, con grave daño para la causa pública) al aparato de extorsión de ETA que se produjo en 2006.

A pesar de que la condena a Pamies adquirió firmeza en 2013, no ha sido hasta este año (en julio) cuando se ha publicado en el BOE su pérdida de condición de funcionario público.

En 2015, el Supremo confirmó los 18 años de cárcel que la Audiencia Provincial de Valladolid impuso a José Manuel Martínez-Falero Mas, un policía nacional destinado en Zaragoza que el 21 de noviembre de 2011 se desplazó ex profeso hasta la capital vallisoletana para asesinar a Rufino A. S., el marido de su amante. Su expulsión del Cuerpo Nacional de Policía se publicó apenas dos meses después de la ratificación de la sentencia.