La DGA rechaza de golpe otros 7.750 recursos contra el ICA pese al criterio del Justicia
Olona no acepta la sugerencia de Dolado y vuelve a utilizar el Boletín Oficial para tumbar los escritos. Los críticos consideran que se falta al respeto a los contribuyentes y no se respetan sus derechos.
El Gobierno de Aragón rechazó este viernes de golpe otros 7.750 recursos contra el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA). Lo hizo en contra del criterio del Justicia, que en julio instó al Ejecutivo autonómico a contestarlos uno a uno al considerar que la notificación a través del boletín fórmula que ya utilizó en junio es "ineficaz" y puede dificultar futuros recursos administrativos o judiciales. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sin embargo, asegura que la sugerencia de Dolado no procede.
El propio consejero Olona firma una carta a la que ha tenido acceso este diario en la que defiende que la publicación efectuada "cumple los requisitos exigibles" y permite a los recurrentes "ejercer sus derechos plenamente".
Fuentes de Desarrollo Rural explicaron que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) sí responderá individualmente a los recursos presentados a título particular contra los consumos de 2016, pero los entregados a través de la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) o de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) la práctica totalidad de los cerca de 50.000 presentados solo obtendrán respuesta a través del BOA. Esto se debe, según las mismas fuentes, a que estos últimos obedecían a un modelo en el que los interesados "se limitaban a cumplimentar sus datos personales".
El Gobierno aragonés reconoce que en el resto de la Comunidad sí se han respondido "todos y cada uno de los recursos". Pero en Zaragoza, según explica Olona, se han dado unas circunstancias "especiales" que explican el elevado número de escritos y que su resolución se haya producido en un solo acto, un argumento que el Justicia ya rechazó este verano. El Ejecutivo estima que las notificaciones individualizadas habrían tenido un coste de más de 300.000 euros, un "gasto ingente" que la DGA no parece dispuesta a acometer.
El nuevo rechazo a través del BOA, con el que se dan por respondidos todos los recursos presentados contra los recibos de 2016, provocó este viernes fuertes críticas por parte de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). "Es una falta de respeto. Responder de esta manera es una forma de evitarse el trabajo", aseguró José Ángel Oliván, portavoz del colectivo. La agrupación volverá a presentar una queja ante el Justicia para denunciar que el Gobierno de Aragón "no permite que los contribuyentes ejerzan sus derechos plenamente". "Habrá gente que no será consciente de que ha contestado a través del BOA", dijo.
A la hora de rechazar estos 7.750 recursos, el Instituto Aragonés del Agua recuerda que el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por Podemos y el Grupo Mixto a petición del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. También adujo que no hay duplicidad de pagos y que la aplicación de este impuesto no vulnera el principio de autonomía local.
El Gobierno de Aragón apunta a otra circunstancia "insólita": que a través de estos recursos administrativos se pretenda impugnar y dejar sin efecto una ley aprobada por las Cortes de Aragón.
El Ejecutivo autonómico aún tiene que responder a las reclamaciones presentadas ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón por la RAPA y por el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha recurrido alrededor de 1.600 recibos de 2016 y 2017. No obstante, este órgano, también dependiente del Gobierno autonómico, tiene un año para hacerlo.
Cartas sin acuse de recibo
El anuncio del BOA se produce a solo cinco días de que concluya el periodo voluntario de pago de los recibos de 2017 en Zaragoza, que comenzaron a girarse en plenas negociaciones sobre la reforma de este impuesto. Aunque hará falta esperar hasta pasado el día 5 para saber cuántos contribuyentes no han abonado el suyo, la RAPA subraya que la DGA no podrá recurrir aún a la vía de apremio, ya que las cartas que han llegado a los hogares no tenían acuse de recibo. Esto, apunta el colectivo, obligará al Instituto Aragonés del Agua a enviar cartas certificadas a quienes no hayan pagado. Cada una tendrá un coste de alrededor de cinco euros para las arcas públicas.
