Una juez reabre el proceso del secuestro virtual de dos víctimas zaragozanas
Considera que hay indicios contra dos chilenas que fueron detenidas y pide que actúe la UDEV de la Policía Nacional.
El caso del secuestro virtual y la estafa económica de dos zaragozanos que se hizo desde Chile cumplirá dos años en enero de 2019 y ahora puede empezar a resolverse después de un largo proceso judicial que ha tenido el caso en el limbo.
La juez Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, acaba de aceptar el recurso que interpuso el abogado zaragozano Guillermo Royo contra el archivo del caso y ha aceptado que se reabra la investigación.
La consecuencia directa de esta decisión de la juez (que es la instructora del caso del máster del líder del PP, Pablo Casado) es reconocer que se identificó a dos chilenas, Solange Verónica Fernández Catalán y Texia Mignon Molina Gutiérrez, como quienes recaudaron el dinero procedente de estos delitos.
El caso se lleva en Madrid porque se pusieron allí las primeras denuncias de las víctimas de este tipo de delito y las dos de Zaragoza se sumaron: a uno de ellos le reclamaron 10.000 euros haciéndole creer que tenían a un hijo suyo secuestrado (la Policía le ayudó e impidió que pagara el dinero) y a la otra víctima llegaron a engañarle con el cautiverio de una amiga, por la que llegó a pagar 90.000 euros, según el sumario.
La juez instructora se ha puesto en contacto con la UDEV (Unidad de Delitos Violentos) de la Policía Nacional, compartiendo los criterios que esgrimió la Fiscalía, para activar la investigación.
Dos policías españoles de la UDEV se encontraban destinados en Chile aquellos días de enero de 2017 y esa casualidad sirvió para la detención de las dos chilenas implicadas. Aun así, la investigación policial llegaba hasta una cárcel próxima a Santiago de Chile, desde donde una banda de delincuentes hacían las llamadas a los españoles para engañarlos con los secuestros virtuales.
Asimismo, la magistrada ha desglosado los casos que lleva en su juzgado con otras denuncias similares que se investigan en el Juzgado de Instrucción 33 de Madrid y considera que deben tramitarse de manera independiente.
La reacción de la magistrada puede deberse también a la queja presentada por una de las víctimas aragonesas ante el Consejo General del Poder Judicial por no recibir información respecto a las diligencias.
El sistema de los falsos secuestros se urdía en la cárcel de Colina, desde donde se hacían las llamadas hasta España y la Policía chilena investigó la colaboración de los funcionarios de la prisión por si facilitaban tarjetas telefónicas a los internos.
La Policía Nacional reaccionó con una campaña porque recibieron más de 200 denuncias en 2017 y 969 llamadas en 2016, con pagos de unos 41.000 euros. Fuentes policiales señalaron que los secuestros virtuales se han frenado en los últimos meses.
