Las Cortes piden al Departamento de Educación garantizar la gratuidad de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón ha aprobado este martes una iniciativa de Podemos que pide al Departamento de Educación de la Comunidad que garantice la gratuidad de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos ante la práctica de algunos centros concertados de cobrar a las familias determinadas cantidades para actividades complementarias de sus hijos.

La moción, defendida por el diputado de la formación morada Carlos Gamarra, ha salido adelante con el apoyo de los grupos de izquierda --PSOE, Podemos y CHA-Grupo Mixto--, las abstenciones de Partido Aragonés y Ciudadanos y el voto en contra del PP, ha informado el Parlamento en una nota de prensa.

En ella, se insiste en el propósito de otras dos iniciativas aprobadas ya en 2016, ha recordado el diputado de la formación morada, Carlos Gamarra.

Según ha dicho, "hay colegios privados concertados que hacen un negocio ilegal a costa de las familias sometiéndolas a pagos irregulares para actividades complementarias", una práctica que "impide el acceso a estos centros a los alumnos de las clases sociales desfavorecidas, que se acaban concentrando en los públicos y en otros concertados", ha señalado.

Gamarra ha echado mano de un informe estatal en el que se señala que un 92 % de los centros concertados aragoneses establece cuotas obligatorias para actividades, extraescolares, gabinete psicológico y compra de material escolar con diversas cantidades como 96, 86 o 37 euros.

Por eso, ha reclamado que se cumpla la ley para que la inspección educativa investigue estas prácticas y que se informe convenientemente a las familias.

NO ES GENERALIZADO

La diputada del PP, María José Ferrando, ha reconocido la existencia del problema, pero ha rechazado que se trate de algo generalizado en la concertada. "No podemos negar una evidencia, pero no se puede tomar la parte por el todo; hay cuotas, pero son voluntarias", ha defendido.

Por eso ha propuesto una enmienda, que no ha sido aceptada, para que la moción contemplase una financiación "conveniente" de la escuela concertada y se suprimiera del texto la intervención de la inspección educativa por entenderla como un "comisionado político".

La diputada del PSOE, Margarita Pérez ha reconocido que en determinados casos existe una "barrera económica" y también otra "geográfica" y por eso ha mostrado su respaldo a la moción, pero ha recordado la reciente intervención de la consejera de Educación, Mayte Pérez, en la que "quedó claro que el Departamento sí actúa ante estas prácticas", además de que publica los precios que cobran los centros concertados por los servicios de transporte y comedor.

La parlamentaria del PAR, María Herrero ha recordado que la ley educativa ya reconoció en una disposición adicional "una infradotación de la financiación" en la escuela concertada y que, pese a ello, "no se ha hecho nada".

"En Aragón, tenemos el módulo más bajo del Estado", ha advertido, para esgrimir que "ni todos los centros públicos, ni todos los concertados son iguales" y "sería más conveniente que los padres pudieran elegir libremente facilitando una gratuidad efectiva".

INFORMAR A LAS FAMILIAS

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha defendido la necesidad de mejorar la financiación de los módulos de los centros concertados y ha reclamado que se ponga fin a las prácticas denunciadas y que el Gobierno "informe a las familias de sus derechos para que sepan a lo que se pueden negar", para añadir que en determinados centros públicos es una práctica habitual pedir "un sobrecito con dinero para fotocopias".

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha opinado que esta cuestión " nunca tendrá solución porque dicen que la aportación es voluntaria, pero eso franquea el paso a esos centros a unas familias y lo bloquea a otras".

Asimismo, ha señalado el "temor" que sienten muchas familias ante lo que puede ocurrir si no pagan esas cuotas, lo que les lleva a abonarlas porque en el fondo "no quieren que sus hijos acaben junto a de terminados grupos que no consideran convenientes".

PATRIMONIO DE SIJENA

La Comisión también ha debatido una moción del PP que reclamaba al Gobierno personarse como perjudicado en el procedimiento legal sobre los gastos ocasionados al erario público aragonés por la desobediencia judicial de los consejeros catalanes Santi Vila y Lluis Puig.

La propuesta no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto. El diputado del PP, Antonio Torres, ha explicado que en su grupo "nunca hemos pedido personarse como codemandantes", sino que "entramos en el tema de los gastos ocasionados por la desobediencia" y "nos parece muy importante porque hablamos del erario público".

El socialista Darío Villagrasa ha recordado que "se había demostrado unidad de mensaje" en este tema pero, en su opinión, "esto no es un planteamiento político, sino de garantía jurídica".

Para la diputada de Podemos, Amparo Bella, "Sijena es algo que nunca debió de suceder" y, en su opinión, "la vuelta de los bienes es fruto del juzgado, pero no de la acción política".

Por su parte, Briz (CHA) ha defendido que "hay cuestiones políticas", además de "fundamentos jurídicos", con una iniciativa con la que el PP "trata de hacer un ajuste de cuentas al 'procés' y al Gobierno de Aragón; es hábil y le interesa esto".

Los grupos del PAR y Cs han apoyado la propuesta. La aragonesista María Herrero ha dicho que "se pone encima de la mesa una mala actuación de la consejera", sobre la que "no dio ninguna explicación", cuando "por vergüenza y respeto al Parlamento, yo daría alguna".

Para la portavoz de Ciudadanos, "es un tema relevante para la sociedad aragonesa" que, "unida, está consiguiendo que los bienes vayan a su casa".