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Aragón

Valores e identidad aragoneses

Sorprende que las instituciones públicas intenten definir los valores y características que componen una identidad colectiva, como la aragonesa. Esa identidad debe ser abierta y fluida, algo que escapa siempre al intento de determinación desde el poder.

Las palabras no son inocentes; o casi nunca lo son. Los escritores lo saben bien, y tal vez por eso Stendhal, cada mañana, antes de ponerse a escribir se desayunaba con dos o tres páginas del Código Civil, para fijar estilo. Como decía José Ramón Cossío, para Stendhal leer el ‘Code’ no era solo una manera de adquirir vocabulario o depurar la sintaxis con la pretendida pureza y artificiosidad del lenguaje jurídico, sino una forma también de adentrarse en «el sentido del modo de ser social e individual de su tiempo».

Dadas las circunstancias que rodean la actual producción legislativa, no sé si la práctica del escritor francés sería hoy día recomendable como una forma de fijar estilo, pero no cabe duda de que el Boletín Oficial sigue siendo una fuente inagotable para reconstruir críticamente ese «modo de ser social» de nuestro tiempo. Así, por ejemplo, el lunes 12 de noviembre, el Boletín Oficial de Aragón publicaba la ‘Resolución de 30 de octubre de 2018, del Justicia de Aragón, por la que se crea la Medalla del Justicia de Aragón a la defensa de los valores e identidad aragoneses y la proyección de estos a nivel nacional e internacional’. Imagino que a muchos ni les sorprenderá ni les parecerá raro que el Justicia de Aragón se dedique a otorgar premios y distinciones a quienes supuestamente encarnen la defensa del ‘ser aragonés’, pero hay quienes nos preguntamos si, más allá del análisis sociológico y la promoción de la ciudadanía política, esa debe ser realmente una preocupación de nuestros poderes públicos.

Que lo es, y que está en sintonía con todo el ‘revival’ identitario y etnonacionalista que nos invade y del que se deja llevar acríticamente, no cabe ninguna duda. Que deba serlo, es algo que ofrece algunas más. No solo porque, a pesar de lo que dice la propia Resolución, es difícil encontrar fundamento legal para la misma en la Ley 4/1985, de 27 de junio, que regula la institución del Justicia, cuyas funciones según esa Ley son «la protección y defensa de los derechos y libertades, individuales o colectivas, reconocidos en el Estatuto, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés velando por su defensa y aplicación, y la defensa del Estatuto» (sin que la Ley haga referencia alguna a la ‘marca Aragón’ o a los ‘valores y la identidad aragoneses’). Sino también porque esa apropiación del ‘ser aragonés’ por parte de nuestras instituciones esconde el hecho de que esta, la identidad, es en realidad un proceso plural y complejo que desde la óptica del poder público únicamente debería plantearse en los estrictos términos -de derechos y obligaciones- que recoge el ‘Documento Nacional de Identidad’, en lugar de impulsar e imponer institucionalmente la creación de totalidades significativas. No porque todo lo que no esté en el DNI no sea importante o significativo. Al contrario. Sino porque lo es tanto que quizás el Estado no debería monopolizarlo y poner sus codificadas manos sobre ello.

El filósofo Andrés Ortiz-Osés, con su habitual socarronería, ha dicho alguna vez que lo propio del ‘ser aragonés’ es la somardez (la ‘franqueza’, escribía hace poco Aloma Rodríguez) o el escepticismo que critica y relativiza al heroísmo tradicional fatuo en nombre de un héroe antiheroico. Por eso, según el antropólogo, el aragonés se caracterizaría, como el cierzo, por ir a su aire, un ejemplo más (tampoco exclusivo) de una especie de ontología débil, plural, borrosa o abierta, que sin embargo no pocos se empeñan en cerrar y fijar como definitiva. Un empeño este que a la postre no hace sino generar exclusiones de quien no encaja en el molde establecido. Cuidar ‘lo’ aragonés desde las instituciones no consiste (o no debería consistir) en fijar, definir o premiar unas pretendidas esencias identitarias, sino en atender las condiciones sociales y jurídicas del pacto -‘standum est chartae’- que las hacen posibles y que desbordan los estrechos límites geográficos, históricos y culturales en los que encerramos la ciudadanía.

Andrés García Inda es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza

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