La extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), una promesa que el Ejecutivo PSOE-CHA lleva años arrastrando, no se ejecutará esta legislatura. La ponencia de las Cortes que trabajaba desde diciembre de 2017 para transformarlo en una dirección general dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural a fin de "mejorar la gestión y el uso público del agua" ha terminado sin acuerdo entre los grupos.

Todas las enmiendas presentadas han sido rechazadas o retiradas, y, aunque el texto podría ser objeto de debate y votación en pleno, fuentes del Ejecutivo admiten que actualmente no se da el consenso necesario. Pese a que la intención es "seguir buscándolo" –el Gobierno entiende que no se ha producido una votación sobre el proyecto de ley y que por tanto "subsiste el texto inicial"–, la proximidad de las elecciones autonómicas, que se celebrarán en mayo de 2019 y obligarán a disolver las Cortes en marzo, hace que no quede tiempo para ratificar la reconversión, que afectaría a 35 trabajadores.

El encaje de la plantilla ha dividido a Gobierno y oposición. Sobre la mesa, el informe jurídico encargado por Podemos al letrado de las Cortes ponía hasta tres opciones. La principal, basada en la experiencia del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, defendía que los actuales trabajadores del IAA, creado durante la legislatura PSOE-PAR, pasaran a la dirección general en puestos a extinguir. Es decir, que se mantuvieran en ellos hasta su jubilación.

Lo razonaba asegurando que "son personal de una entidad laboral que ya es pública" y que, por ese mismo motivo, se tenían que respetar todos sus derechos. La otra posibilidad, "apoyada por Podemos y algunos sindicatos" según miembros de la propia ponencia, contemplaba que las plazas pudieran salir a oposición.

Esto se debe, como explica la diputada de Podemos Marta de Santos, a que parte de la plantilla actual no fue seleccionada a través del sistema que rige a la Administración pública. Los socialistas se acogían a la primera opción por considerar que esta última suponía "un lío jurídico", ya que obligaba a analizar caso por caso. Partidos como Podemos, sin embargo, preferían la contraria.

Para De Santos, volver a la casilla de salida supone "otro incumplimiento más de Lambán". "Nosotros no hemos cambiado de posición en absoluto. El informe jurídico no nos quita la razón. Dice que la primera opción fue la que se utilizó en el Casar, pero no que las otras dos sean ilegales. Hacer que pasen en puestos a extinguir no nos parece forma de trabajar", asevera.

El socialista Herminio Sancho, presidente de la ponencia, reconoce que estos procesos "son complejos" y que, por tanto, han de abordarse "con el máximo consenso posible", algo que "no se ha logrado alcanzar". Cree, en todo caso, que "se podría seguir trabajando en una aproximación de posturas que permita llegar a acuerdos de cara a una gestión más transparente".

El trabajo de los últimos once meses quedará recogido en un informe, pero no irá más allá. Desatascará, eso sí, una negociación marcada por la incertidumbre que, según cuentan los sindicatos, ha mantenido en vilo a toda la plantilla.