El Gobierno de Pedro Sánchez retirará el recurso presentado por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una ley de 2016 de Aragón que prevé la cesión obligatoria de uso de viviendas vacías pertenecientes a bancos y grandes corporaciones.

El Consejo de Ministros ha adoptado hoy esta decisión una vez que el alto tribunal ha establecido que se trata de una medida plenamente constitucional, siempre y cuando se acuerde un justiprecio con el propietario de la vivienda.

Existen varias sentencias del TC en este sentido, la última de este mismo año, estableciendo la constitucionalidad de la expropiación de viviendas vacías en la medida en que "lo relevante en este contexto competencial es que al expropiado le asiste, como garantía constitucional, el derecho a recibir necesariamente una indemnización y a que esta represente un proporcional equilibrio respecto del valor económico del bien de cuya propiedad se le priva".

El Gobierno de Aragón, por otro lado, ha asumido esta misma semana, en la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado del 19 de noviembre, el compromiso de elaborar la concreción normativa de las condiciones económicas de la cesión prevista en la norma autonómica en cuestión y ajustarla a la normativa vigente, según recoge la referencia del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo argumenta que la doctrina constitucional sobre expropiación de viviendas vacías y el compromiso del Gobierno autonómico justifican el desistimiento de los recursos interpuestos en su día contra el Decreto-ley y contra la posterior Ley.