Más de 90 personas con discapacidad intelectual han sufrido abusos sexuales o físicos desde 2015 en Aragón

Desde 2015 Aragón cuenta con una Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) que ha atendido 93 casos de abusos de todo tipo (sexuales, psicológicos, económicos y de violencia de género o doméstica, entre otros), 30 de ellos en lo que va de año. Un número que no refleja la realidad ya que, según ha apuntado la coordinadora de este equipo, Victoria Ledesma, las situaciones que salen a la luz son solo la punta del iceberg y no hay una “visibilización real” de este drama.

Ledesma ha dado a conocer estos datos con motivo de la reunión de trabajo anual de esta unidad, la cuarta desde su puesto en marcha, que han mantenido esta mañana en la Delegación del Gobierno en Zaragoza.

El encuentro ha estado presidido por la delegada de Gobierno, Carmen Sánchez, y ha contado con la presencia, además del equipo de este servicio y de representantes de Atades, de responsables del Gobierno aragonés, del Ayuntamiento, de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias y de profesionales de la judicatura.

El 70% de las víctimas sufrían una discapacidad ligera y el 30% restante moderada o grave y un 79% eran mujeres y un 21% hombres. Además, según el balance presentado por Ledesma, el 30% de los casos llevados ante la fiscalía eran abusos sexuales tanto a hombres como a mujeres y el resto respondía a situaciones de violencia doméstica y de género. A nivel terapéutico se ha trabajado este 2018 con 40 personas. La duración media de una intervención suele abarcar un año.

Atades ofrece también una protección inmediata a los afectados a través de una plaza residencial en algunos de sus centros en casos de que necesiten salir de su entorno familiar o más cercano porque es en este en el que han sufrido el abuso. Este año se ha acogida a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre.

De cara a facilitar la denuncia de las víctimas y que el proceso judicial se adecue a sus características y necesidades, una labor fundamental es la que realizan los facilitadores: el personal profesional integrado por psicólogos clínicos, psiquiatra, abogada y trabajadora social. “Es imprescindible conocer a la persona, hacer una evaluación de capacidades para ver cómo se expresa habitualmente y después, con esos apoyos, poderle tomar declaración para que no se den situaciones en las que parezca que se contradice”, ha explicado la coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual.

La complejidad a la hora de detectar estos abusos reside también en las dificultades que tienen las propias víctimas para explicarlo o ser conscientes de lo que les está pasando. “En las verbalizaciones de las personas con discapacidad intelectual se tiende a reducir la credibilidad de las mismas, por los que solemos atender aquellos abusos en los que existe una agresión física u otros elementos que pueden ayudar a abordar esta situación”, ha señalado Ledesma.

Más implicación "material" de las administraciones

Por su parte, el presidente de Atades, Jesús Soto, ha reivindicado una implicación no solo moral sino también “material” de las administraciones aragoneses. Aunque ha reconocido que cada vez cuentan con mayor apoyo de las administraciones, también ha señalado que en estos momentos la financiación del personal de esta unidad corre casi exclusivamente a cargo de esta organización “salvo alguna ayuda temporal”.

En reuniones como la celebrada este viernes en la Delegación de Gobierno se pretende también sensibilizar y dar formación a colectivos como el de los jueces que son una pieza fundamental a la hora de abordar esta problemática.