El Estado desiste en parte del recurso al TC contra ley de emergencia social

El Gobierno de España ha comunicado este lunes al de Aragón que desiste parcialmente del recurso que interpuso en octubre de 2016 contra varios artículos de la ley de Emergencia Social de la Comunidad, por entender que vulneraba algunas competencias exclusivas del Estado en materia de vivienda.

Así se ha acordado en la reunión de la Comisión Bilateral Aragón Estado que se celebra este lunes en Zaragoza con un apretado orden del día y a la que asiste la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

Antes de concluir la reunión, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha comparecido ante los medios para dar cuenta de algunos de los acuerdos ya adoptados.

Guillén viaja hoy mismo a Bruselas, para acompañar al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en varias reuniones de trabajo sobre el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, y ha tenido que abandonar la reunión antes de su finalización.

Respecto a la ley de emergencia social, ha explicado que el Gobierno de España ha desistido parcialmente del recurso que presentó, en concreto en lo referido al artículo 24, que impone la cesión a la Comunidad del uso de viviendas desocupadas de sean propiedad de grandes tenedores, como entidades financieras, sociedades inmobiliarias y la propia Sareb.

El Gobierno de España, no obstante, mantiene que los otros cinco artículos recurridos son inconstitucionales.

Además, en la reunión han acordado crear a la mayor brevedad posible un grupo de trabajo, con tres representantes por cada administración, para llegar a un acuerdo sobre la interpretación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía relativo al establecimiento de un acuerdo bilateral de financiación para Aragón.

Asimismo, se ha llegado a un acuerdo respecto de la ley de contratos del sector público, recurrida por Aragón por la incidencia en los contratos menores en los ayuntamientos y las dificultades en la concurrencia a los pequeños empresarios, que sólo pueden acudir a un contrato, y que afecta también a la Universidad de Zaragoza y los institutos de investigación.

Así, se ha pactado la modificación del artículo 118 de esa ley a través de la reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales

También se ha llegado a un acuerdo sobre la cesión a la Comunidad del Pabellón de España de la Expo de Zaragoza como vivero de Formación Profesional y de empresas y clústeres que operan en Aragón.

El consejero ha anunciado además que han conseguido que el Gobierno de España se comprometa a implicarse para que la Unión Europea incorpore un fondo de lucha contra la despoblación, en tanto que hasta ahora, las aportaciones europeas a los territorios tienen que ver con su PIB y no con sus condiciones demográficas, tales como la dispersión, el envejecimiento o la orografía.

Otro de los acuerdos alcanzados se refiere a las liquidaciones que hace el Estado como aportaciones a Aragón por las incapacidades temporales de los trabajadores, que siempre suponen una diferencia a favor del Estado respecto a lo que se traspasa y el coste efectivo de estas incapacidades de 1,7 millones de euros.

Estos 1,7 millones de euros, ha explicado Guillén, van a ser compensados por el Gobierno de España.