Endesa anuncia que cerrará la central térmica de Andorra el 30 de junio de 2020. Descarta la opción de realizar una serie de inversiones que le hubieran permitido mantenerla abierta. El Gobierno, aunque debe cumplir sus compromisos en la lucha contra el cambio climático, está obligado a adoptar medidas para garantizar plenamente la supervivencia de la comarca turolense. 

Desde hace mucho tiempo existe un marco comunitario que obliga a las eléctricas a hacer inversiones en las centrales térmicas para que puedan seguir operando más allá de 2020. Sin embargo, Endesa, una empresa que ahora pertenece a la multinacional italiana Enel aunque tiene raíces muy antiguas en Aragón, ha dejado pasar el tiempo sin hacer movimientos en ese sentido. Desde que el Gobierno Zapatero la entregó a Enel, no ha mostrado sensibilidad hacia el territorio ni ningún signo de corresponsabilidad por las ayudas que otrora recibió del Estado. Tiene razón Lambán cuando acusa a la empresa por haber estado «siempre a las maduras y nunca a las duras».

El cierre de la central térmica de Andorra supondría el despido de más de 580 personas. Una cifra que se ampliaría a más de 4.000, según barajan los sindicatos, teniendo en cuenta los puestos indirectos que se mantienen en los nueve pueblos de la zona gracias a su funcionamiento. Esta decisión también podría afectar al futuro de la única mina que persiste en la zona, la de Ariño, con 80 empleados directos y otros tantos de subcontratas. Por todo ello, el Gobierno español debe actuar para ralentizar el cierre y para poner en marcha un ambicioso plan de reconversión que permita garantizar el desarrollo económico de la zona.

En un sector aún muy regularizado, el Ejecutivo tiene margen para intervenir en varios frentes con toda la decisión de quien quiere defender la España interior de una irreparable despoblación. Primero, debe conseguir un aplazamiento de los plazos de cierre para que la transición se pueda hacer sin costes sociales. Decisiones de tanto calado político, social y de seguridad energética no se pueden tomar en un despacho en Italia sino en la sede del Ministerio en Madrid. Segundo, la responsabilidad de Pedro Sánchez con la lucha contra el cambio climático no es mayor que la que tiene con la supervivencia del Aragón rural. Abordar el desafío de descarbonizar nuestra economía, en beneficio de las próximas generaciones, supone una reconversión que se debe realizar de forma justa para que nadie se quede atrás. Aragón debe exigir que el esfuerzo de las comarcas afectadas sea compensado con soluciones locales que permitan un futuro próspero y den estabilidad para la gente que vive allí. No debe haber ganadores y perdedores en este cambio tan importante.