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Cárceles

Los peligros del camino desde la cocina al módulo de aislamiento de la prisión de Zuera

Un funcionario y un trabajador de una cárcel describen las penurias (salariales y de salud) para explicar su huelga 

Ramón J. Campo Actualizada 08/11/2018 a las 15:52
Anselmo Lalueza, cocinero y delegado de UGT, (a la izquierda) con Rafael García, funcionario de vigilancia, esta mañana en ZaragozaOliver Duch

El funcionario Rafael García y el cocinero Anselmo Lalueza, del personal laboral, trabajan en la prisión de Zuera y representan a sus 510 empleados en un centro que se abrió en 2001 donde ahora hay 1.300 internos (ha llegado a tener 1.800) y es de lo más poblados del país. Se prestan a contar a HERALDO la vida interna del centro penitenciario y las penurias salariales, laborales y de salud que les acechan para explicar los motivos de la primera huelga general en la historia de este colectivo (empezó el 24 de octubre y seguirá el fin de semana 17-18-19 y 20 de noviembre).   

Coinciden en su gran experiencia en prisiones (Rafael García entró en 1988 y Anselmo Lalueza hace 20 años), siguen la huelga y sostienen la necesidad de que la secretaria general de Instituciones Penitenciarias debería sentarse a negociar con los trabajadores porque sus reclamaciones son justas.

El funcionario de vigilancia Rafael García apareció entre los objetivos de ETA y sigue trabajando por todas las aáreas de la prisión, también en el módulo de aislamiento, mientras Anselmo Lalueza (delegado de UGT del personal laboral) sostiene que sufren el estrés laboral por la sobrecarga de trabajo y recuerda la reciente muerte de una compañera trabajadora social, Orlinda, a sus 55 años. 

El ejemplo de la fallecida es claro porque si la plantilla de Zuera tenía 18 trabajadoras sociales, que son las que atienden a los presos para sus necesidades (desde arreglarle un subsidio hasta comunicarles que les han quitado la custodia de un hijo) y se han quedado en 9. "Al final, las trabajadoras sociales tiene que asumir más estrés y carga de trabajo, que acaba repercutiendo, también, como en el resto de áreas, en su salud", resaltan. En este sentido, apuntan que son muchos los fallecidos a edad temprana tras años de servicio en una cárcel, que la media de otros trabajadores y recuerdan a un maestro que también perdieron.   

"La plantilla de Zuera ha perdido un 20% de funcionarios, pero más de un 50% en personal laboral", apuntan ambos. "No estamos bien pagados, falta personal y si se convocan plazas de médicos ahora no se cubren porque se trabaja mejor en cualquier otro sitio de la Administración". A esas vacantes se suman los 21 funcionarios que se han retirado este año entre los jubilados y prejubilados.      

La falta de médicos 

Como ocurre con las trabajadoras sociales, las cifras cantan con los ocho médicos que tenía Zuera y se han quedado en cinco. "Esto ha supuesto que antes siempre había un médico porque había uno de guardia y ahora los fines de semana no queda ninguno", reclama Anselmo Lalueza. Las enfermeras tiene que tomar decisiones porque están solas y ahora se hacen más traslados a los hospitales, lo que genera más gastos.         

​​​​​​Anselmo es uno de los tres cocineros que tiene el centro penitenciario que hace cada día 1.300 comidas, con 150 dietas (sin sal, musulmana, sin gluten, sin pescado...), para los 15 módulos de Zuera y los Centros de Inserción Social (CIS) de Huesca y Zaragoza. "Estoy rodeado de presos que trabajan en la cocina. Aunque no tengo autoridad y muchas veces me convierto en su psicólogo", describe su función. "Hemos vivido peleas de presos con cuchillos, aunque esto no pasa todos los días. Tengo que contar todos los días los enseres de la cocina. A los presos que reparten la comida pueden amenazarlos sus compañeros para que trapicheen con otras cosas en los carros de la comida porque son los únicos que tienen movilidad entre módulos", agrega las penurias con las que se enfrenta en la cocina.

El cocinero tiene la responsabilidad de que la comida llegue bien a todos los internos (para los de Huesca y Zaragoza salen una hora antes), ajustando lo máximo las dietas, y dirigir a los diez ayudantes que están en el taller de cocina para que se convierta en un lugar real de reinserción. Muchos descubren así un horario de trabajo. "Sufrimos estrés porque la sobrecarga de trabajo se produce al faltar personal porque en Zuera había previstos siete cocineros. Nuestro salario es desigual porque ganamos 1.300 euros menos que otros puestos de trabajo similares en la Administración", reclama Lalueza.

Si habla de salario, su compañero Rafael García tiene claro que el riesgo que se vive en Zuera con presos peligrosos como Igor el Ruso, Benito Ortiz Perea o Ismael López, 'el Ojos' debería de tener el mismo reconocimiento que el riesgo que asumen los funcionarios del País Vasco y Navarra. "Ellos ganan 400 euros más y disfrutan de 16 días de fiesta más que nosotros", precisa García, quien precisa que un funcionario de vigilancia gana de inicio alrededor de 1.550 euros. Estas desigualdades las menciona un trabajador que apareció en los papeles de ETA en 2008, cuando cayó el jefe de la banda Xabier López Peña, alias 'Thierry', y tuvo que mirar todos los días debajo de su coche, evitar recorridos habituales y otras costumbres por su seguridad. 

El peligro de la conducción y los yihadistas

El funcionario menciona las agresiones que sufren de los internos como parte de su riesgo, como el que cometió el preso J. M. J., quien pegó varios mordiscos a un compañero después de regresar de un juicio en el que perdió la custodia de un hijo y el trabajador lo desconocía. Este interno participó en la reciente pelea con 'el Ojos' contra un tercer preso y ya ha sido trasladado. "Zuera está en medio de la conducción radial de los presos entre Barcelona y Madrid, y Valencia y Nanclares. Por eso, hay muchos internos que son conducidos y pasan por aquí, con el riesgo que eso implica", apunta García.

En ese mismo sentido, recuerda que padeció a un interno de primer grado que fue juzgado en Nanclares, volvió con una condena de 15 años y acabó quemando el colchón de su celda en Zuera. "Salen de los autobuses como toros y tenemos que vigilarlos, aunque nuestras armas son un walkie y un bolígrafo",  agrega.

El presidente de CSIF de Prisiones, Adolfo Fernández, mencionó en la rueda de prensa del miércoles en Zaragozal el papel de los funcionarios en la reciente desmantelamiento de una red de yihadistas en las cárceles. Dos de ellos fueron detenidos en Zuera  y la tarea de los trabajadores de la prisión fue descubrir cómo se comunicaban entre sí. Lo consiguieron porque lo hacían a través de los espejos que utilizaban cuando decidían afeitarse en las celdas del módulo de aislamiento y cuando escribían en árabe. El mismo espejo lo utilizaban los dos yihadistas porque no pueden dejarlos en las celdas por el riesgo de utilizarlos para agresiones o autolesiones. 

La privatización de mantenimiento y limpieza

Anselmo Lalueza no quiere olvidar que Instituciones Penitenciarias ha ido suprimiendo las 11 plazas de personal laboral en mantenimiento, como electricistas y fontaneros, servicios que se externalizaron a través de una empresa privada que suspendió pagos. "También desaparecieron las cuatro contratadas de limpieza y ahora lo hace una empresa que ha bajado de 500 a 250 horas. Acaban limpiando la prisión de Zuera los presos", denuncia.

En este misma línea de la privatización de los servicios, Rafael García critica la contratación de vigilantes de seguridad para las entradas de las prisiones desde 2014 que "ha sido un negocio para las empresas", pero no han quitado los guardia civiles. "Instituciones Penitenciarias se gastó 60 millones en seguridad privada y ahora nos retira la propuesta de 122 millones para los trabajadores", concluye Lalueza, para recordar que no van a reblar en la huelga en las mejoras salariales y laborales.                   

 

        

 

 

         





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