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Política

Aprobada la ley de Memoria Democrática, que castigará a los municipios que mantengan símbolos franquistas

Las Cortes de Aragón aprueban la norma, que concede un año y medio para retirar emblemas y avanza en la exhumación de fosas. 

De izquierda a derecha, Gregorio Briz, José Luis Soro y Darío Villagrasa, este jueves, en el pleno de las Cortes.José Miguel Marco

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves la ley de Memoria Democrática, que impedirá acceder a subvenciones a los ayuntamientos que mantengan símbolos franquistas. Este es uno de los puntos de la norma que han sacado adelante los partidos de izquierdas y Ciudadanos con el rechazo del PP y PAR, por la que las instituciones tendrán un plazo máximo de año y medio para retirar dichos símbolos de sus edificios o espacios públicos.

Para velar por su cumplimiento no solo se podrán retirar ayudas públicas sino que se establece un régimen sancionador que castiga desde los 200 euros las sanciones leves hasta los 150.000 euros para las muy graves, como la destrucción de documentos de la memoria democrática.

La ley recoge igualmente la actualización del mapa de fosas, más de 600 en las que están enterrados 10.000 aragoneses como ha recordado el diputado de Podemos Alfonso Clavería, la puesta en marcha de un protocolo de exhumaciones y la creación de un depósito de ADN homologado con otras bases de datos para intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes, víctimas o de niños robados. A estos últimos y a sus familiares directos se les reconoce “por primera vez” como víctimas del franquismo.

Igualmente, la normativa obliga a la DGA a prestar “el apoyo necesario” para que las familias puedan recuperar a los aragoneses que fueron enterrados “clandestina e ilegalmente” en el mausoleo del Valle de los Caídos.

El debate parlamentario, al que han acudido las asociaciones memorialistas, no ha deparado sorpresas, con un rifirrafe de recriminaciones entre los diputados de la izquierda, que han hablado de “día histórico”, y los del PP y PAR.

Para el socialista Darío Villagrasa, esta ley demuestra que la política puede cambiar la vida de las personas, en referencia a las miles de familias que esperan desde hace décadas a recuperar a sus seres queridos de las “cunetas”. Ha defendido la necesidad de la norma ante la “asfixia” presupuestaria que aplicó el Gobierno de Rajoy a la ley de Memoria Histórica que promovió en 2007 el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Al igual que otros representantes de la izquierda, ha subrayado que no se puede generar igualdad ante una injusticia ni tampoco afrontarla con neutralidad, como ha reprochado al PP y al PAR.

El diputado de Podemos Alfonso Clavería ha asegurado que la ley de Memoria Democrática "salda la deuda con los que perdieron su vida por defender la democracia". Por ello, ha considerado que es “de conciencia” instar a modificar la ley de amnistía de 1977, tal y como recogía el proyecto de ley en una disposición y que se ha suprimido gracias a una enmienda del PP que han respaldado PSOE, PAR y Ciudadanos.

El mismo respaldo han dado Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU), los más incisivos a la hora de cuestionar la pretendida “equidistancia” de la derecha y su pretensión de equiparar las víctimas del franquismo con las de la Segunda República. “¿Se imaginan que en el Reichstag se aprobara una ley de memoria democrática que reconociera la muerte de Hitler?”, espetó el diputado nacionalista.

Tanto Miguel Ángel Lafuente (PP) como Berta Zapater (PAR) han recriminado que la ley de Memoria Democrática se límite a condenar las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Aragón desde 1936 hasta la aprobación de la Constitución de 1978 y no se extienda a las que entienden que se cometieron en la Segunda República. Esta misma cuestión ha echado en falta Ramiro Domínguez (Cs), pero su grupo ha respaldado la norma.

El parlamentario popular ha sostenido que la ley es “de memoria selectiva” al ser “involucionista” y “la más excluyente” de las que se han aprobado en España en esta materia. Mientras, Zapater ha considerado que el bloque de la izquierda y Ciudadanos “no querían llegar a acuerdos” y ha lamentado no haber podido neutralizar “un texto bastante partidista” que, a su juicio, seguirá “levantando ampollas”.





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