El Ejecutivo PSOE-CHA, con el apoyo de Podemos-Aragón e IU, elevó en 2016 el tipo máximo del impuesto de actos jurídicos documentados al 1,5%. El incremento se oficializó en la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece, en su artículo 2, que "la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo general del 1,5%, en lugar del 1% vigente hasta el momento", en las primeras copias de escrituras y actas sujetas como "documentos notariales". Tanto el presidente de Aragón, Javier Lambán, como el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, defendieron entonces una subida fiscal que iba a ser "absolutamente progresiva y justa" y no iba a afectar al "noventa y tantos por ciento de los aragoneses".

La previsión de ingresos por este impuesto pasó de 50 millones en 2015 a 61,8 millones de euros un año después. Hasta el pasado 30 de septiembre, el Gobierno de Aragón suma ya 51,1 millones de euros de derechos reconocidos netos, y la previsión recogida en los presupuestos es de 57 millones.

En la votación en las Cortes, el proyecto de ley salió adelante con los votos a favor de PSOE, CHA, Podemos e IU, y el rechazo de PP, PAR y Ciudadanos. El líder de Podemos-Aragón era entonces Pablo Echenique, actual secretario de Organización del partido, que lleva horas criticando con dureza a través de Twitter la rectificación del Tribunal Supremo que dice hora que es el cliente, y no el banco, el que debe pagar el impuesto.

El Impuesto sobre actos documentados se aplica a los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Se paga siempre que se suscribe un documento notarial con cuantías económicas que se inscribe después en el Registro, como es el caso de la compraventa de viviendas y las hipotecas. Aragón figura, junta a Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valencia, entre las comunidades que aplican el tipo más elevado. En Asturias y Baleares se aplica el 1,2%; en La Rioja, el 1%; en Canarias y Madrid, el 0,75%, y País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla se benefician del tipo más bajo.