El impacto del bloqueo de los presupuestos, en cifras

Ayudas sociales y de empleo, el fondo para la despoblación y el Fite, entre las partidas retenidas. Inversiones y transferencias quedarían afectadas, pero las carreteras se salvan al tramitarse este año.

Peaje de la AP-2 en Pina de Ebro.
Peaje de la AP-2 en Pina de Ebro.
A. Navarro

El Gobierno de Aragón estima que más de 100 millones de gasto social se verían retenidos en caso de una prórroga de los presupuestos de 2018. El cálculo se elevaría a más de 200 millones con el conjunto de inversiones y transferencias corrientes y de capital a las entidades e instituciones que por ley estarían directamente afectadas.

La Consejería de Educación sería una de las más perjudicadas y no podría aumentar los fondos destinados a las becas de comedor y material curricular, ni emprender nuevos centros escolares ni repartir las ayudas al sector de la cultura y a los clubes deportivos.

Ciudadanía y Derechos Sociales tampoco podría incrementar los fondos para el IAI ni la dotación para la dependencia pese a que casi 6.000 personas están a la espera. Y no podría abonar las ayudas de pobreza energética, que en lo que va de año han permitido cubrir miles de recibos por un importe de 448.000 euros para evitar que ningún hogar vulnerable sufra cortes en el suministro de luz y gas en Aragón.

Ayudas de alquiler. El programa para jóvenes, que se estrena este año con una dotación de 2 millones para cubrir hasta el 50% del precio, no se podría repetir el próximo año. Sí están garantizada la línea generalista al estar excepcionada por el Gobierno central, que la confinancia.

Bonificación de peajes. La Consejería de Vertebración destina 5,1 millones, pero los conductores que se desvían por la AP-2 y la AP-68 carecerían del descuento pactado hace años con el principal objetivo de reducir el tráfico pesado y paliar la elevada siniestralidad en las carreteras de Barcelona y de Logroño.

Ayudas a líneas deficitarias de bus. La DGA reserva 1,5 millones para cubrir una parte de las pérdidas de las compañías que garantizan el transporte a pequeños municipios de Aragón, pero no se podría hacer la convocatoria.

Fondo de Cohesión Territorial. Los 2,5 millones para respaldar iniciativas de municipios, entidades y empresas para combatir la despoblación quedarían igualmente bloqueadas.

Fondo de Inversiones de Teruel. Los 60 millones anuales cofinanciados con el Estado tampoco se podrían repartir.

El gasto que sí está garantizado

La Consejería de Vertebración ha logrado blindar las obras de mejora en la red autonómica de carreteras, librándose del hipotético bloqueo generalizado de las inversiones de la DGA. Para ello, ha planteado con éxito la tramitación anticipada de un conjunto de actuaciones que se elevan a 37 millones de euros.

Las partidas de personal y gasto corriente están igualmente garantizadas por ley, de modo que se prorrogarían las de este año de forma automática el 1 de enero si no se aprueban las cuentas con antelación. Estos gastos concentran el grueso del presupuesto consolidado de la DGA, ya que suman más de 3.000 de los 6.162 millones a los que asciende este año. Lo que estaría en el aire es la aplicación de la subida salarial a los funcionarios.

Gasto farmacéutico. Otra de las partidas que están excepcionadas en una prórroga presupuestaria son las recetas del Servicio Aragonés de Salud, así como los conciertos para garantizar la asistencia sanitaria y los créditos destinados al pago de prestaciones ortoprotésicas y al suministro de las vacunas. Eso sí, no se pueden incrementar los importes.

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