La portavoz de Asuntos Sociales del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo autonómico "mantiene la discriminación en el pago de las plazas en las residencias públicas".

En una nota de prensa, el PP ha asegurado que el Gobierno de Javier Lambán ha demostrado durante estos tres años que "cumplir con los compromisos adquiridos no es una de sus principales virtudes". Así, ha detallado que "la última omisión del Ejecutivo está relacionada con los servicios sociales y, de manera concreta, con la eliminación de la discriminación en el pago de la cuota de plazas en las residencias públicas".

"Electoralmente puede ser rentable que la consejera María Victoria Broto viaje estos días por diferentes municipios para presentar una plataforma de participación municipal sobre servicios sociales, pero qué credibilidad puede tener si ni siquiera hace caso al Parlamento", se ha preguntado Marín.

El pasado mes de mayo la Cámara regional aprobó por unanimidad, incluido el partido político al que pertenece María Victoria Broto, eliminar la discriminación que existe en las cuotas de las plazas en las residencias públicas de Aragón.

Actualmente en la Administración autonómica conviven dos fórmulas de aportación. Si la persona mayor accedió a una plaza residencial entre junio de 2013 y mayo de 2016 paga más que si ingresó a partir de esa fecha. La razón es que los primeros se rigen por una Orden de 2013 más estricta que la aprobada en 2016, pues además de hacer el cálculo del pago en base a la pensión, añadía otros conceptos como el patrimonio.

Una segunda diferencia, según el PP, es que con la normativa de 2013 se actualizaba cada año la aportación del usuario dependiendo de las posibles variaciones, generalmente a la baja, en su patrimonio. Es decir, si el patrimonio se reducía también se reducía la cuota mensual. La Orden de 2016 del Gobierno Lambán eliminó esa actualización.

"Nula respuesta"

La remodelación normativa aprobada hace dos años por actual Ejecutivo "tiene la virtud de exigir menos aportación a los pensionistas, del 90 al 80 por ciento, pero sin embargo tiene la desventaja de no contar con la posible pérdida anual de su poder adquisitivo. Ni siquiera establece una revisión para hacer un cálculo actualizado y, por lo tanto, más justo".

"Cinco meses después de que las Cortes de Aragón mandataran al Ejecutivo autonómico la aplicación de la retroactividad a la Orden de mayo de 2016 la respuesta del Ejecutivo Lambán ha sido nula".

"Además del desinterés del Gobierno por eliminar esta discriminación que sufren los residentes, la consejera de Ciudadanía aún no ha contestado a una sencilla pregunta parlamentaria para respuesta escrita, formulada hace dos meses, donde el PP recababa la opinión de la titular del Departamento sobre el grado de cumplimiento de la iniciativa parlamentaria aprobada por unanimidad".